La llegada de solicitudes para residir en España se ha disparado en el último año. Desde mayo —cuando entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería— el Ministerio de Inclusión y Migraciones ha contabilizado 724.000 peticiones, frente a las 495.000 registradas en los cinco meses anteriores, según informa El Economista. El salto, de casi el 50%, coincide con la reforma impulsada por el Gobierno para facilitar la regularización de extranjeros mediante nuevas figuras de arraigo.
El objetivo del Ejecutivo era claro: regularizar a 900.000 personas en tres años, a razón de 300.000 anuales. Según los datos oficiales, 95.000 extranjeros han conseguido ya un permiso gracias a las nuevas modalidades de arraigo, que incluyen la «segunda oportunidad», el social, el sociolaboral, el socioformativo y el familiar. Sólo el arraigo familiar pasó de 58.000 solicitudes entre enero y mayo a 102.000 tras la reforma, un aumento del 74,5%.
También se han disparado los permisos de residencia por estudios: de 32.000 solicitudes se ha pasado a 93.000, impulsados por el calendario académico, aunque Migraciones evita precisar cuántas solicitudes corresponden al arraigo sociolaboral o al social al tratarse de datos aún «sin depurar».
El fenómeno se enmarca en un cambio profundo del patrón migratorio. Según el último informe del Consejo Económico y Social (CES), desde 2019 las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales —fundamentalmente arraigos— representan ya el 47% del total, superando a las autorizaciones ordinarias por trabajo, que se sitúan en el 33%. En 2024, el trabajo por cuenta ajena fue sólo el tercer motivo de concesión, con 137.206 permisos, un 13% del total.
El CES contextualiza estas cifras en el envejecimiento demográfico y subraya que la inmigración es hoy el principal motor del crecimiento poblacional: 9,5 millones de personas de origen extranjero residen en España, frente a los 2,3 millones de 2002.
La reforma del Reglamento de Extranjería flexibilizó profundamente los criterios de acceso a la residencia. El «arraigo de segunda oportunidad» permite recuperar permisos no renovados; el arraigo social exige ahora sólo dos años de permanencia, frente a los tres anteriores; el sociolaboral requiere contratos de sólo 20 horas semanales; el socioformativo permite trabajar 30 horas; y el arraigo familiar se concede por vínculo con un menor sin necesidad de acreditar tiempo de estancia.
