El PSOE afronta otra crisis interna después de que el caso Salazar revelara que las víctimas señaladas ya ascienden a cuatro, según fuentes socialistas. El partido vive desde hace meses en un clima de sobresalto permanente, pero la indignación se ha disparado al conocerse que dos de esas denuncias internas por presunto acoso sexual quedaron sin tramitar a tiempo por un supuesto «error informático», mientras que otras dos mujeres comunicaron comportamientos machistas del exasesor presidencial Paco Salazar sin que Ferraz investigara nada.
La ejecutiva socialista supo en julio —al publicarse las primeras informaciones en eldiario.es— de estos otros dos testimonios, que coincidían con el patrón ya conocido. Ninguna de las afectadas presentó denuncia formal, aunque sus relatos reforzaban la gravedad del caso. Aun así, el partido no abrió ninguna vía de indagación.
Ese silencio duró cinco meses. Por eso la reunión del miércoles, liderada por la secretaria de Igualdad Pilar Bernabé y las responsables territoriales, derivó en un choque frontal. El feminismo interno llegó encendido al descubrir que cuatro mujeres habían alertado del comportamiento de Salazar sin que la dirección hubiera actuado con diligencia. La tensión creció al cuestionarse la versión oficial sobre el «traspapelado» de las denuncias digitales.
Ferraz trató el lunes de dar la impresión de que la investigación interna sigue activa, pese a que Salazar se dio de baja del partido. Sin embargo, muchos cuadros entienden que la intención era cerrar el caso en silencio, hasta que la presión de las militantes obligó a abrir el debate. El encuentro telemático degeneró en reproches por el fracaso del protocolo antiacoso y por la falta de garantías para denunciar conductas inapropiadas dentro del PSOE.
El descontento salpica a dos dirigentes clave: la vicepresidenta primera María Jesús Montero —compañera de agrupación de Salazar en Sevilla— y la secretaria de Organización Rebeca Torró, que ni siquiera participó en la reunión. Fuentes internas explican que Bernabé dio por zanjado el encuentro en apenas media hora y evitó profundizar en los retrasos y fallos del proceso. Según asistentes, la secretaria de Igualdad estaba visiblemente molesta por la filtración de la cita.
El estallido de críticas ha alentado a otras mujeres del PSOE a hablar. Varias aseguran que existen más casos relacionados con el «grupo heteropatriarcal» que durante años formó parte del núcleo de poder del partido. Entre los comportamientos señalados destacan comentarios inapropiados sobre la apariencia física de militantes y trabajadoras.
A la indignación contribuyó un dato especialmente sensible: Salazar continuó prestando servicios al Ejecutivo mediante una consultora durante cinco meses después de salir de Moncloa, donde ocupaba la Secretaría General de Coordinación Institucional. El presidente del Gobierno se vio obligado a retirar su nombre de la nueva ejecutiva socialista cuando las acusaciones se hicieron públicas.
El retraso en reaccionar no sorprendió a algunos dentro del Gobierno, donde inicialmente se llegó a poner en duda la veracidad de las denuncias. El clima político era ya tóxico tras la difusión de los audios de José Luis Ábalos y Koldo García hablando del reparto de prostitutas, un episodio que hundió la imagen del PSOE y convirtió cualquier defensa de Salazar en un riesgo político extremo.
Aun así, en Moncloa hay voces que hablan de fuego amigo contra el exasesor. En el núcleo duro del presidente aseguran que «nunca» detectaron comportamientos indebidos por su parte, y que el buzón de Presidencia no registró quejas.
Mientras tanto, el equipo del presidente intenta contener otro incendio reputacional. Pero dentro del partido se reconoce ya que la situación resulta insostenible: «Es imposible desvincularle de todos ellos, porque todos fueron sus manos derechas y personas de su confianza», admite un dirigente socialista, consciente de que cuatro víctimas elevan el escándalo a una dimensión que Ferraz no puede seguir arrinconando.
