El juez del Supremo rechaza los recursos contra el delito de malversación por las defensas de los procesados y matiza las palabras de Montoro.
El juez del caso del procès en el Supremo, Pablo Llarena, ha aclarado este miércoles en un auto en el que confirma los procesamientos de los imputados en este sumario, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en contra de lo que las defensas han argüido, no descartó la malversación en relación con el 1-O.
Los procesados alegaron que las declaraciones públicas del ministro de Economía y Hacienda en las que supuestamente negaba el uso de dinero público para el 1-0 hacen insostenible el procesamiento por el delito de malversación, ha recordado este miércoles Llarena en un auto que confirma los autos de procesamiento.
Matiza a Montoro
Después de examinar el contenido completo de las declaraciones de Cristóbal Montoro, el juez deduce que las mismas «fueron acompañadas de una serie de matizaciones que, en ejercicio del derecho de defensa que corresponde a los investigados, estos silencian en su intento de aportar contundencia a su exculpación».
Afirma que, pese a proclamar un principio de confianza respecto de los funcionarios de la administración autonómica, el ministro recoge «la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada». Es decir, que no detectó malversación pero pudo ser porque se produjo fraude para ocultarla, señala el juez.
Hay indicios de malversación
Hacienda «no sólo no acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime)» indicios de malversación.
El juez subraya que «la alegación de las defensas de que el procesamiento por este delito es injustificado, utilizando para ello una mención incompleta de las manifestaciones hechas por el Ministro de Hacienda en una entrevista periodística, no desbarata los indicios que la investigación recoge«. «Antes, al contrario», añade.
En su auto, aglutina estos indicios y, así, cita las pruebas de los costes en publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos, la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería o la intervención de una pluralidad de observadores internacionales.
Nueva imputación por la presunta malversación
El relación a las pesquisas para conocer la financiación del referéndum ilegal, el juez ha citado a declarar como investigados al exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea (UE) Amadeu Altafaj y a otros tres cargos del Departamento de Exteriores, por los pagos a los observadores internacionales del 1-O.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado para el próximo 6 de junio de Altafaj, que fue alto cargo y portavoz de la Comisión Europea antes de ser nombrado representante permanente de la Generalitat ante la UE.
Para ese mismo día, el juez ha fijado las declaraciones como investigados del ex secretario general de Exteriores Aleix Villatoro, el ex secretario general del Diplocat Albert Royo y de Marta Garbasall, directora de Servicios del Departamento de Exteriores que dirigía Raül Romeva.
El objetivo de esos interrogatorios es averiguar si el Govern malversó fondos públicos en los gastos de los observadores internacionales que fueron designados para supervisar el referéndum de independencia del 1-O.
La Guardia Civil sostiene en un informe que la Generalitat pudo destinar hasta 177.065 euros en los desplazamientos de los observadores internacionales que debían garantizar la validez del 1-O, de los que por el momento aseguran tener constancia de que se pagaron 119.700 euros.
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