El instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, ha dado traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que se pronuncien sobre la posibilidad de reactivar la orden de detención nacional contra la ex consejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí, después de que no haya acudido a su cita de este lunes a las 11.00 horas en el Tribunal Supremo (TS), justificando su ausencia en que este 24 de abril tenía trabajo en el Parlamento Europeo.
En una resolución dictada este mismo lunes, el magistrado de Tribunal Supremo señala que, «considerando lo dispuesto en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM)», debe oírse a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la representación de la acusación popular —ejercida por VOX—, para lo que les da un plazo de cinco días.
El artículo 487 de la LECRIM establece que, «si el citado, con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención».
Llarena da esos mismos cinco días a Ponsatí para que aporte «justificación documental» de haber presentado una demanda de amparo en la Eurocámara —reivindicando su inmunidad como diputada europea— tras ser detenida el pasado 28 de marzo, una de las razones que ha esgrimido la ex consejera para no acudir este lunes al Supremo.
El magistrado citó a Ponsatí después de que el 28 de marzo se presentara en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante el TS para que Llarena pudiera comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia por el golpe de Estado en Cataluña en 2017, tomarle declaración y continuar así con el procedimiento penal, paralizado hasta entonces por encontrarse prófuga en Bruselas.
Ese día, tras ser detenida por los Mossos d’Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de Barcelona, en virtud de la orden de detención nacional que tenía vigente, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para este 24 de abril. Ahora, a la espera de lo que respondan Fiscalía y Abogacía del Estado, la orden podría reactivarse, aunque solo surtiría efecto si Ponsatí volviera a España.
A este respecto, cabe recordar que el juez dejó sin efecto las órdenes de busca y captura europeas e internacionales contra Ponsatí y los demás prófugos del 1-O, precisando que ya solo podría reactivarlas para el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig, porque tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación eran los únicos imputados por delitos que conllevaban cárcel.
Fuentes jurídicas apuntan que otro posible escenario es que, atendiendo a la justificación dada por la defensa de Ponsatí y a lo que planteen las demás partes en estos cinco días, Llarena le dé una segunda oportunidad fijando nueva fecha para la declaración indagatoria.
Llegadas las 11.00 horas, Ponsatí no ha comparecido ante el alto tribunal, algo que su defensa ya había avanzado en un escrito presentado poco antes en el que alega «el hecho notorio» de que las comisiones de Industria, Investigación y Energía y la de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, de las que Ponsatí es miembro, tienen sesiones convocadas hoy en Bruselas, algo «incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas».
Ponsatí es miembro titular de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE), que tiene reunión esta tarde a partir de las 15.00 horas, y miembro suplente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), que retoma su actividad tras la sesión plenaria de la semana pasada este lunes a partir de la misma hora.
Su abogado, Gonzalo Boye, había anunciado esta misma mañana en TV3 que Ponsatí no se presentaría en el Tribunal Supremo. «No sé si está de camino a Bruselas o ya está allí», ha dicho. La propia eurodiputada ha publicado minutos después un tuit con unas imágenes en el que dice: «Llueve en Flandes».
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el pasado 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del procés.
Hasta ese momento, la exconsejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito —penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación— propició que Llarena lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo rechazó.
