Las personas condenadas en el caso ERE en Andalucía, cuyas penas han sido anuladas por el Tribunal Constitucional (TC), tienen la posibilidad de solicitar una indemnización al Estado por cada día que estuvieron en prisión.
Este derecho les permite reclamar una compensación económica por el tiempo que estuvieron privados de libertad «de manera indebida» si posteriormente fueron absueltos de los delitos que los llevaron a la cárcel.
Antes de 2019, los tribunales sólo otorgaban indemnizaciones si se demostraba que el delito imputado nunca había existido. Sin embargo, a partir de 2019, el TC amplió este derecho, y eliminó los requisitos relacionados con los motivos de la absolución.
Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia autonómica IDEA entre 2004 y 2008, ahora en libertad después de ser el último absuelto por el TC en relación con la corrupción de los ERE, puede acogerse a este derecho.
La cuantía de la indemnización por una prisión indebida depende del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que haya causado, según determinó el Supremo. En 2019, el Ministerio de Justicia propuso una compensación diaria de entre 17 y 52 euros por cada día de cárcel injusta.
El derecho a reclamar la indemnización prescribe al cabo de un año desde el momento en que se pudo ejercer. Para solicitarla, el condenado tiene un plazo de doce meses desde la fecha en que la sentencia absolutoria se vuelve firme. La solicitud debe presentarse ante el Ministerio de Justicia, y contra la resolución que se dicte, se puede interponer un recurso de reposición o directamente un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
