El aceite de oliva español se ha convertido en uno de los grandes sacrificados del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Mientras Bruselas y el Gobierno de España presentan el pacto como una oportunidad histórica para el sector agroalimentario, los productores de olivar denuncian que el relato oficial oculta una realidad incómoda: no existe un mercado de masas para el aceite español en Iberoamérica y el precio a pagar es la entrada de competencia desleal en Europa.
«Se está sacrificando la salud y la soberanía alimentaria de nuestros ciudadanos por la posibilidad escasa de vender cuatro litros de aceite«. La frase del responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, a El Debate resume el malestar creciente de los olivareros ante un acuerdo que consideran profundamente desequilibrado.
Desde la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se insiste en situar al aceite de oliva junto al vino como uno de los grandes beneficiados del tratado. Se habla de un mercado potencial de 270 millones de consumidores y de afinidades culturales que facilitarían la expansión del producto español. Sin embargo, los datos desmienten ese optimismo.
La propia COAG subraya que el 98% del aceite de oliva que España exporta a países de Mercosur tiene como destino Brasil. Incluso en ese caso, el consumo de aceite de oliva no alcanza el 1% del total de aceites vegetales que se utilizan en el país. El arancel actual del 10% se eliminará de forma progresiva en un plazo máximo de 15 años, lo que limita aún más cualquier expectativa de crecimiento a corto y medio plazo.
El resto del bloque ofrece un panorama todavía más pobre. Argentina aplica un arancel del 31% y es, además, un país productor que ya exporta cerca del 80% de lo que produce, compitiendo directamente con el aceite español. Paraguay no impone aranceles, pero el volumen de consumo resulta irrelevante. Uruguay, pese a contar con el PIB per cápita más alto del bloque, apenas consume 1.500 toneladas de aceite de oliva al año, una cifra equivalente a la producción anual de un pequeño municipio de la campiña de Jaén. «Es un nicho, no un mercado de masas», insiste Elvira.
A esta falta de oportunidades reales se suma la preocupación por las llamadas cláusulas de salvaguardia incluidas por la Comisión Europea para calmar la contestación agraria. Estos mecanismos sólo se activarían si la importación de determinados productos sensibles aumenta un 5% o si su precio cae en ese mismo porcentaje. Para los productores, se trata de una garantía puramente teórica.
«El acuerdo con Mercosur no es el maná que la Comisión intenta vender. Se abre la puerta a productos con menos controles sanitarios, menores exigencias laborales y un coste ecológico inasumible«, advierte el dirigente agrario. Desde el sector recuerdan precedentes como el de Túnez, donde las supuestas medidas de protección nunca se aplicaron, lo que provocó una distorsión permanente del mercado europeo.
Mientras tanto, los olivareros españoles afrontan normativas cada vez más estrictas en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral. Una presión regulatoria que contrasta con la flexibilidad que se concede a producciones procedentes de terceros países. Para el campo andaluz, el mensaje resulta claro: el aceite de oliva no gana mercados en Mercosur, pero sí asume los riesgos de un acuerdo que prioriza la geopolítica comercial sobre la defensa del productor europeo.
