Un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, en manos del Partido Popular, declararán ante el juez en un calendario que coincide de lleno con el escenario político andaluz, marcado por la reciente convocatoria electoral realizada por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla apenas diez días antes. Las comparecencias, fijadas entre el 28 de mayo y el 26 de junio, se solapan con momentos clave como la constitución del Parlamento autonómico y el proceso de investidura, lo que añade una fuerte carga política al procedimiento judicial.
El último en acudir al juzgado, según avanza El País, será el ex presidente de la Diputación y del PP almeriense, Javier Aureliano García, citado el 26 de junio. Dimitió en diciembre tras ser detenido en el marco de la investigación y se enfrenta a acusaciones graves como cohecho, malversación, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. La Guardia Civil sospecha que utilizó cuentas a nombre de familiares para canalizar presuntas comisiones ilegales, además de emplear fondos públicos para gastos personales, como viajes que habrían sido cargados a eventos inexistentes.
La causa sitúa en el núcleo de la trama a varios dirigentes provinciales. Entre ellos destaca Óscar Liria, considerado pieza clave en la adjudicación de contratos y el primero en ser arrestado en 2021. Los investigadores apuntan a que habría gestionado pagos ilícitos mediante empresas interpuestas vinculadas a su entorno familiar. También figura Fernando Giménez, a quien se atribuye el cobro de un porcentaje de las supuestas mordidas. Ambos deberán declarar en las primeras semanas del calendario judicial.
El origen del caso se remonta a una investigación paralela por narcotráfico que llevó a los agentes hasta el empresario Kilian López, presunto intermediario en contratos adjudicados durante la pandemia. Entre ellos destaca uno superior a dos millones de euros para la compra de mascarillas, que habría generado sobrecostes millonarios. López no sólo está bajo sospecha por esta operación, sino también por una serie de contratos menores adjudicados entre 2017 y 2020 a través de distintas sociedades.
La investigación se amplía a otros cargos y empresarios vinculados a adjudicaciones supuestamente irregulares. Entre ellos se encuentra el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP), y su entorno familiar, señalados como beneficiarios de contratos públicos por más de un millón de euros. Según los informes, parte de ese dinero podría tener un origen fraudulento y habría sido canalizado mediante estructuras empresariales opacas.
Mientras tanto, la dirección del PP andaluz ha tratado de contener el impacto político del caso desde sus inicios. Tras la detención de García, el partido reaccionó con rapidez sustituyendo el liderazgo provincial, en un intento de aislar la polémica. Sin embargo, la coincidencia entre las declaraciones judiciales y el calendario institucional andaluz sitúa de nuevo este escándalo en el centro del debate público, justo cuando se abre una nueva etapa política tras la convocatoria electoral.
