Hace 15 años el Tribunal Constitucional pronunció que es evidente que «la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado, por lo que sería claramente inconstitucional atribuir a una Comunidad Autónoma competencias en dicha materia».
En este sentido, con motivo de la sentencia del Estatuto de Cataluña, el órgano ya dejó claro que, si bien una comunidad puede desarrollar políticas de carácter «asistencial y social», en ningún caso esa «competencia exclusiva» puede quedar relegada.
El magistrado emérito Jorge Rodríguez Zapata ha recordado estas declaraciones, asegurando que no tiene dudas de la inconstitucionalidad de la nueva cesión del Gobierno a los separatistas, como tampoco la tiene de que el control de las fronteras por parte de los Mossos es «contrario al derecho de la Unión Europea». Por ello, ha denunciado que la proposición de ley «modifica muchas más competencias que la inmigración, pues el Estado abdica de la extranjería o las fronteras». Los juristas señalan que es «parte de las competencias exclusivas del Estado»
Asimismo, el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto Blanco, ha advertido de que «estamos ante una nueva concesión política» al secesionismo, donde la interpretación jurídica depende exclusivamente de intereses partidistas.
Así, ha argumentado que «una consideración mínima del principio de igualdad exige necesariamente que esa competencia se ejerza con criterios uniformes en todo el conjunto del territorio nacional, algo que no ocurriría en el momento en el que esa competencia se transfiriese».
