La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desempeñado un papel clave en la concesión de una subvención directa del Ejecutivo a una obra en Navarra que acabó siendo adjudicada a la alianza empresarial en la que participa la compañía vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán. Fuentes del Gobierno han reconocido que esta ayuda, de hasta 40 millones de euros, no habría sido posible en un año sin presupuestos nuevos si no fuera por dos actuaciones concretas de Montero.
La primera fue enviar un informe previo al ministro de Transportes, Óscar Puente, en otoño pasado, en el que respaldaba la concesión de una «subvención directa» a fondo perdido al Gobierno de Navarra para ejecutar el proyecto. La segunda intervención decisiva de Montero fue proponer personalmente al Consejo de Ministros autorizar el pago de esa ayuda sin estar sujeta a los límites presupuestarios habituales que impiden ejecutar todo el gasto en un solo ejercicio.
Este tipo de ayudas directas a comunidades autónomas para proyectos específicos fuera de convenio y en situación de prórroga presupuestaria son poco frecuentes. Sin embargo, el Ejecutivo central se apoyó en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, que permite otorgarlas de forma excepcional cuando concurren razones de «interés público, social, económico o humanitario debidamente justificadas». Esta vía permitió, de forma discrecional, la concesión de la subvención a través de un real decreto que requería, además, un informe previo del Ministerio de Hacienda.
La relevancia de Santos Cerdán en esta operación fue confirmada por la propia presidenta navarra, María Chivite, quien ha reconocido este lunes ante el Parlamento foral que solicitó su apoyo para obtener financiación estatal, aunque aseguró desconocer que Cerdán era accionista de Servinabar. «Hablé con Santos Cerdán sobre la necesidad de contar con recursos estatales para una obra de tal envergadura», afirmó.
