La dirección del centro penitenciario ha decidido mantener bajo estrictas medidas de protección a los cuatro argelinos y marroquíes que ingresaron en el penal hace dos semanas, acusados de participar en la violación de una estudiante el 23 de octubre en Pamplona. Los investigados por agresión sexual y robo continúan en el departamento de ingresos, una decisión poco común, ya que ese espacio se reserva para los primeros días hasta que se evalúa al interno y se le asigna módulo.
Fuentes penitenciarias han explicado a The Objective que el responsable del centro optó por prolongar su estancia en esa zona debido a la tensión generada entre los reclusos. Para ello aplicó el artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario, que permite establecer limitaciones regimentales cuando exista riesgo para la integridad de un interno o este tema sufrir agresiones, amenazas o extorsiones.
Esta clasificación impide que los acusados accedan a áreas donde podrían coincidir con internos de otros módulos, como el gimnasio, el campo de fútbol o el centro cultural. Las mismas fuentes señalan que, dada la repercusión mediática, la dirección “no quiere verse en la tesitura de que tengan o causen un problema”.
Los cuatro hombres, de entre 25 y 36 años, comparten dos celdas en el módulo de ingresos y apenas salen de ellas. Mantienen “poca o nula relación” con el resto de los presos. Si la tensión aumentase, el propio artículo permite solicitar su traslado a otra prisión.
En su comparecencia ante la juez, los investigados negaron haber participado en la agresión sexual. La magistrada, sin embargo, detectó “contradicciones” en sus versiones y consideró relevantes las pruebas de ADN y la presencia de prendas íntimas de la víctima en las tiendas de campaña donde vivían los cuatro acusados, dentro de un asentamiento ilegal.
La estudiante fue hallada semiinconsciente en una zona boscosa cercana a la carpa universitaria donde se celebraba una fiesta. El auto judicial detalló que la víctima estaba “tirada en un camino, encima de unas hojas y desubicada”. Además de la agresión sexual, los acusados le sustrajeron pertenencias, incluido su teléfono móvil.
Días después de las detenciones trascendió que los cuatro tenían expedientes en trámite para abandonar el país por su situación ilegal. Ese elemento, sumado al riesgo de destrucción de pruebas y a la ausencia de domicilio, llevó a la magistrada a ordenar su ingreso en prisión ante la posibilidad de fuga.
El caso, conocido ya como la nueva manada de Pamplona, ha provocado una profunda conmoción y ha reabierto el debate sobre la inseguridad vinculada a los asentamientos ilegales donde residían los acusados. Fuentes de la Policía Nacional alertan de que estos campamentos, caracterizados por la insalubridad y la falta de control, acumulan intervenciones por robos violentos, apuñalamientos y agresiones.
Los agentes tienen identificados cinco asentamientos ilegales en los que viven cerca de cien personas en situación ilegal. Están ubicados junto al estadio El Sadar, en el edificio abandonado de la antigua ikastola Jaso, cerca del puente de las Oblatas, en la piscina de Aranzadi y en el Camino del Seminario, junto al río Arga, donde se encontraba el campamento de los cuatro imputados.
La mayoría procede del País Vasco, donde encuentran más dificultades burocráticas para empadronarse, y provienen principalmente de Argelia y Marruecos.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en Navarra, reprocha al Ayuntamiento que se desentienda del problema alegando que no es su competencia, cuando la Ordenanza Municipal establece que los asentamientos ilegales están prohibidos y se consideran una infracción grave.
El SUP advierte de que, sin medidas firmes, tanto el número de campamentos como la delincuencia asociada seguirán creciendo. Por ello reclama actuaciones inmediatas al gobierno municipal y al autonómico, a quienes recuerda que sí les corresponde intervenir.
