Más allá de los presupuestos

Los actuales presupuestos optan por el camino de subir el gasto incrementando peligrosamente la precariedad financiera del Estado y su dependencia de las políticas de dinero barato del BCE
Coincidiendo con el final de la Cuaresma, el Gobierno presentó el Proyecto de Presupuestos Generales para 2018. Se trata de unos presupuestos expansivos, de corto plazo, en donde las políticas de demanda parecen ser las únicas palancas para hacer frente a los problemas económicos y sociales, y que, por último, siguen dejando las cuentas públicas en una posición frágil y dependiente del crédito barato del Banco Central Europeo, una situación que no será eterna.
Huelga decir, de entrada, que la bicefalia entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda ha dificultado el contar con una política económica verdaderamente integral, coherente y sostenible en el largo plazo que permitiera a España recuperar la senda de la competitividad. Nombrar en su día a De Guindos -y hoy a Escolano- Ministro de Economía pero no de Hacienda es darle a alguien un Ferrari sin motor. Como muestra nuestra propia historia reciente, el equilibrio presupuestario en un requisito imprescindible para generar confianza a largo plazo entre los agentes económicos. Se trata, además, de una verdad sin ideología, abrazada por políticos tanto de derechas como de izquierdas (Kennedy, Clinton, Valls, Blair y un largo etcétera). Sin embargo, ésta ha sido una variable ausente para la economía española desde el inicio de la crisis y, pese a los vientos de cola de los últimos años, un mal vicio que se perpetúa también en 2018.
Desde el punto de vista de los ingresos, los presupuestos se sitúan en el rango más optimista del cuadro, con previsiones que para algunos impuestos y tributos estiman incrementos de la recaudación de hasta el 6%. Se trata de unas previsiones que no dejan de ser sorprendentes, en tanto el ejercicio de 2017 se caracterizó, precisamente, por el incumplimiento en unas previsiones que quedaron lejos de sus objetivos, y eso pese a que la economía creció a tasas nominales del 4%, por encima de lo que se estima para este 2018.
Al margen de estas incongruencias en las hipótesis de ingresos y crecimiento, el verdadero problema en la política presupuestaria de Montoro es la de seguir por la senda de resolver los problemas económicos únicamente vía parches de gasto. Lo hemos visto en la política de deducciones y bonificaciones, y también en los cheques, por ejemplo, de 1.000 euros adicionales por hijo a las familias. Se trata de un enfoque que ignora que para que todas estas políticas tengan un efecto real sobre los agentes económicos tienen que ser creíbles en el largo plazo (al margen de pensarnos que 1.000 euros adicionales pueden incidir en la decisión o no de tener un hijo). Es decir, los agentes económicos tienen que percibir que estas medidas son financiables en el largo plazo y que, por tanto, serán sostenibles en el tiempo. Nadie se gasta lo que cree que en el corto plazo le van a quitar.
Simplificar la ley fiscal española, favorecer un esquema impositivo a particulares y empresas más sencillo y liviano, predecible en el tiempo y fácil de ejecutar y de fiscalizar, e implementar a su vez reformas pro-crecimiento que faciliten la creación de riqueza, la reactivación real de los ingresos fiscales y la reducción del déficit (lograr ese ansiado superávit primario), sí son elementos que de forma efectiva incrementarían la confianza en el conjunto de la economía.
Ilustrativa es la partida que prevé un crecimiento de hasta 8.110 nuevas plazas de funcionarios cuando el país lo que realmente necesita son 8.110 nuevos empresarios, que creen riqueza, contraten y, a la postre, también hagan aumentar la recaudación ampliando la base.
Por el contrario, los actuales presupuestos optan por el camino de subir el gasto incrementando peligrosamente la precariedad financiera del Estado y su dependencia de las políticas de dinero barato del BCE. Suben las pensiones, suben los sueldos de los funcionarios (hasta 1,75%), y sube el salario mínimo profesional. Unas subidas que podrían ser palancas presupuestarias justas en el caso de ir acompañadas de reformas pro-competitividad de calado y de una simplificación fiscal que facilitase el ahorro, la creación de riqueza y el empleo de manera que, con una reactivación de los ingresos, -ingresos reales, no ficticios vía crédito barato-, se les pudiera hacer frente. Unas reformas que están siendo las grandes ausentes de la actual legislatura.
Con respecto a las pensiones, partida principal, se incluyen también diversas subidas y bonificaciones; más parches de gasto desprovistos de una estrategia más amplia orientada a garantizar su sostenibilidad económica del sistema en el largo plazo. De nuevo, muchos elementos quedan demasiadas veces fuera del debate. España cuenta con las cotizaciones a la Seguridad Social más altas de Europa y uno de los sistemas de reparto más generosos (relación entre valor cotizado y valor actuarial): a igualdad de condiciones, en Alemania, por ejemplo, un pensionista español cobraría mucho menos y, sin embargo, somos muchos menos competitivos que los alemanes y, a diferencia de ellos, dependemos de fuentes de financiación externas para sufragar nuestros gastos. Al respecto véase el excelente reportaje sobre pensiones publicado por Actualidad Económica ahora hace un mes.
La insuficiencia de fondos para la partida de pensiones es un problema que no se puede arreglar exclusivamente vía presupuestos. Resulta perentorio adaptar el sistema de reparto a la tozuda realidad demográfica y facilitar un modelo mixto de capitalización que favorezca la responsabilidad y la sostenibilidad en cuanto a la vital función del ahorro y la planificación financiera, elemento además fundamental para garantizar la sostenibilidad del Estado de Bienestar para la próxima generación. Incrementar la deuda únicamente nos hace avanzar en dirección contraria.
En suma, se trata de unos presupuestos que siguen por la senda del gasto -hasta un incremento del 5% nominal- que a tenor de la realidad de la economía acabará siendo financiado básicamente vía deuda (más déficit). Un incremento previsible del déficit estimado en el 3% -aunque la fragilidad de ciertas previsiones de crecimiento hace pensar que será más- únicamente acentúa la debilidad de la solvencia de nuestras cuentas públicas y su dependencia con respecto a las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo. Una política monetaria anti-ahorro que subsidia el sobreendeudamiento, además de ser fuente inagotable de distorsiones en los mercados financieros, y que más tarde o más temprano tocará a su fin. Una política que no es realista no puede ser nunca social.