El sindicato de médicos catalanes Simecat ha instado al Gobierno de Cataluña a priorizar la calidad en la atención médica y dejar en un segundo plano la política lingüística. En un comunicado reciente, han expresado su rechazo a las «imposiciones» sobre los profesionales de la salud en cuanto al uso del catalán y denuncia el «acoso» al que se enfrentan quienes optan por expresarse en castellano, refiriéndose a la lengua como un idioma «propio y legal». La organización considera que las presiones que existen para que se emplee el catalán son un «despropósito», y lamenta que se recurra a amenazas y requerimientos desmesurados en este aspecto, tal y como ha adelantado El Debate.
Un ejemplo de este conflicto ocurrió en la clínica Dexeus de Barcelona, donde un médico fue objeto de críticas por utilizar el español. En este caso, una paciente solicitó ser atendida únicamente en catalán, mientras que el médico pidió usar el castellano por sentirse más cómodo al expresarse, aunque entendía el idioma catalán. Simecat también trajo a colación el caso de una enfermera de Cádiz a la que el hospital Vall d’Hebron no renovó su contrato, tras su queja de que le exigían un nivel C1 de catalán para poder postularse a una plaza fija en Cataluña. Simecat manifestó su apoyo a esta profesional, resaltando la presión que entidades como Plataforma per la Llengua ejercen sobre quienes no cumplen con sus demandas.
En su petición al Gobierno catalán, el sindicato pide que se elimine el «Plan para garantizar el conocimiento y uso del catalán en el sistema público de salud de Cataluña 2023-2024″, presentado en agosto del año pasado, que incluye disposiciones como la creación de comités en los hospitales para verificar el uso del idioma catalán durante el horario laboral. Según Simecat, estos requisitos lingüísticos no sólo limitan la libertad de los profesionales de la salud y de los pacientes, sino que también actúan como una «barrera» que desincentiva a médicos de otras regiones a unirse al sistema de salud catalán, el cual, afirma el sindicato, ya sufre de un notable déficit de personal sanitario.
Para Simecat, la carga de controles y exigencias que conlleva este plan impacta negativamente en el tiempo de atención al paciente y en la dedicación a la formación de los profesionales. Además, considera que el conocimiento del catalán debería ser un mérito, no una condición obligatoria, y defiende que la mayoría de los profesionales de la salud solo desean prestar una atención de calidad, sin restricciones lingüísticas, en el idioma que mejor permita satisfacer las necesidades del paciente. El sindicato concluye su mensaje asegurando que la salud de la población debe estar por encima de cualquier conflicto político, pues lo fundamental es ofrecer el mejor servicio médico posible, en catalán o en castellano.