Ha hecho fortuna la frase «el PP es el PSOE con varios años de retraso» aunque a la vista de los hechos los plazos son cada vez más exiguos. En tiempo récord el PP ha cambiado las manifestaciones contra la amnistía y «el golpe que fulminaba la Constitución», por el reparto de los jueces, RTVE y las comisiones del Congreso y Senado con los socialistas.
Tan veloz como diligente Feijoo ha pasado de tender la mano a Sánchez antes, durante y después de la campaña del 23J a hacerlo al mismísimo Puigdemont, todavía prófugo de la Justicia y candidato a las catalanas por un partido que propone la balcanización de España. En esas condiciones Feijoo dice que si se reconcilian con la ley es posible entablar una conversación con Junts. Pelillos a la mar con el separatismo golpista.
No es cualquier afirmación, de modo que el plan del PP de exigir al pleno del Senado —mientras tramita la amnistía a pesar de su mayoría en la Mesa— que lleve al Congreso ante el TC por aprobar una norma que es «una reforma encubierta de la Constitución» no es obstáculo para, entretanto, negociar con quienes han perpetrado la misma y van a dejar impunes (sic) «delitos gravísimos contra el corazón de la UE».
En realidad, no cabe reproche alguno a Feijoo, cuyo rumbo es fiel a la historia del PP, que una cosa es la retórica y otra los hechos. Antes de tender la mano a Sánchez dijo que el socialista pasará a la historia por poner en venta a España y ser «el peor presidente por sus cambios de opinión y mentiras». Sin embargo, la etapa de Feijoo aporta una novedad esencial: los vaivenes se producen antes de alcanzar el Gobierno.
En 1995, un año antes de llegar a la Moncloa, Aznar prometió que un Gobierno del PP jamás negociaría con ETA. Lo dijo tras salir ileso de la bomba que los terroristas hicieron estallar al paso de su coche en Madrid. Un año después autorizó 33 traslados de presos etarras, en 1998 se refería a ellos como «movimiento vasco de liberación» y al siguiente negoció una tregua.
Desde luego, su llegada al poder —que tan familiar nos resulta ahora— tampoco fue de lo más edificante. En 1996 Aznar necesitó los votos del PNV y CIU para gobernar, por ello cedió las competencias de educación a la Generalidad catalana de Jordi Pujol en el pacto del Majestic. También cerró un acuerdo con Arzalluz, que dejó para el recuerdo una de esas frases que derriban mitos: «He conseguido más de Aznar en 14 días que en 13 años de Felipe González».
Otra de las reformas caídas en saco roto tiene que ver con el sistema de elección de los jueces. Tanto Aznar (1996-2004) como Rajoy (2011-2018) prometieron acabar con la politización socialista de la Justicia. En 1985 el PSOE había liquidado la separación de poderes («el entierro de Montesquieu», en palabras de Alfonso Guerra) que el PP, merced a las mayorías absolutas de 2000 y 2011, tuvo ocasión de reparar. Nada de ello ocurrió como hoy muestran las fotos de González Pons reunido con Bolaños en Bruselas, Reynders mediante.
Claro que Rajoy también siguió la estela de Aznar en su relación con ETA. El gallego mostró un perfil duro cuando era líder de la oposición al convocar manifestaciones multitudinarias en contra de la negociación de Zapatero con Otegui. Pero una vez en el poder Rajoy tragó con el pacto, excarceló a Bolinaga, asumió mansamente el fin de la doctrina Parot y se negó a publicar las actas de la negociación con los terroristas.
En la oposición Rajoy tampoco dio tregua a las leyes más ideológicas del zapaterismo, como la del matrimonio gay y el aborto, con sendos recursos ante el Constitucional. De nuevo, la llegada al poder cambiaría las cosas. Toda la plana mayor del partido —incluido el presidente— sepultó su propio recurso acudiendo a la boda de Javier Maroto. La derogación de la ley Aído tampoco se produjo: el PP usó como coartada que el tribunal —en el fondo controlado por él mismo— demorase la cuestión durante años. En realidad, una sentencia favorable habría obligado a Rajoy a cumplir lo prometido.
Capítulo aparte merece la bajada masiva de impuestos incluida en el programa electoral con el que Rajoy obtuvo mayoría absoluta en noviembre de 2011. Al contrario, Cristóbal Montoro impulsó una subida impositiva incluso mayor de la contemplada por el Partido Comunista. En las siguientes elecciones, diciembre de 2015, el PP aseguró que, superada la crisis, bajaría el IRPF, el impuesto de sociedades y la cotización de la seguridad social. Un año después Rajoy, con una España que ya crecía al 3%, volvía a anunciar una subida fiscal que afectaba a las grandes empresas e impuestos especiales sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y refrescos. La medida obtuvo el apoyo del PSOE.
Una década después el PP no ha cambiado pero sí España, donde el bipartidismo necesita a otros partidos para tocar moqueta. Por eso Génova acaba de reconocer que derogará las leyes autonómicas de memoria histórica sólo en aquellas comunidades donde gobierna con VOX. En las demás, como en los buenos tiempos, el legado socialista quedará a buen recaudo.
