La Audiencia de Jaén ha paralizado la entrada en prisión del exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández, a la espera de que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la solicitud de indulto promovida por el propio exdirigente del PSOE local. La suspensión queda condicionada a un plazo máximo, fijado en un auto judicial, que expira el 30 de agosto de 2026.
La decisión judicial llega después de que la condena contra Fernández haya quedado firme por todas las vías. En 2023 fue declarado culpable de un delito de malversación de caudales públicos por un jurado popular, con un veredicto ajustado de cinco votos frente a cuatro. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el fallo, aunque redujo la pena inicial a tres años de prisión y siete de inhabilitación absoluta. El Tribunal Supremo rechazó más tarde el último recurso del condenado y ordenó la ejecución de la sentencia.
Pese a ello, Fernández presentó una petición formal de indulto dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez, una iniciativa que, según el exalcalde, cuenta con el respaldo de unas 4.000 firmas de vecinos y simpatizantes. Ese trámite ha llevado a la Audiencia Provincial a frenar de forma cautelar su ingreso en prisión hasta que el Gobierno aborde el asunto.
En el auto, los magistrados recuerdan que la suspensión de una sentencia firme solo se contempla en supuestos muy excepcionales. No obstante, justifican la medida en criterios de prudencia y proporcionalidad, considerando razonable esperar a que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre el indulto antes de ejecutar la pena. Si el debate no se produce antes de septiembre de 2026, Fernández deberá ingresar en prisión, con independencia de que el indulto pueda concederse con posterioridad.
La condena se basa en que, según los tribunales, el exalcalde se apropió de manera continuada de fondos públicos sin autorización legal ni conocimiento del Grupo Socialista municipal. Fernández habría percibido durante años una cantidad mensual de 1.700 euros en efectivo, supuestamente en concepto de su labor como portavoz, mediante la emisión de cheques al portador cargados a dos cuentas del grupo municipal financiadas por el Ayuntamiento. El total de esos sobresueldos alcanzó los 125.377 euros.
La Fiscalía se ha opuesto frontalmente a la suspensión y al eventual indulto, al considerar que el condenado no reúne los requisitos para beneficiarse de esa medida de gracia. El Ministerio Público prevé trasladar su posición al Consejo de Ministros mediante un informe detallado para que el Ejecutivo valore la solicitud con todos los elementos del caso sobre la mesa.
El PSOE, por su parte, inició el procedimiento judicial personándose contra Fernández y defendiendo que no existía ningún acuerdo interno que legitimara el desvío de fondos hacia su cuenta personal. Sin embargo, los socialistas retiraron la acusación poco antes del juicio oral, un movimiento que ahora alimenta la hipótesis de que el partido pueda respaldar el indulto cuando el asunto llegue al Consejo de Ministros.
De este modo, el futuro inmediato del que fuera uno de los dirigentes más influyentes del PSOE en Jaén queda en manos del Gobierno central, que deberá decidir si mantiene la ejecución de la condena o concede la medida de gracia solicitada.
