El reciente establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha representado sólo el primer paso de un plan gubernamental mucho más ambicioso destinado a reducir drásticamente el uso de vehículos particulares en las ciudades españolas. En colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), el Gobierno ha creado un marco legal que otorga a los ayuntamientos potestades más restrictivas y novedosas contra la circulación de automóviles.
Entre las medidas más destacadas, que han comenzado a captar la atención mediática, está la posibilidad de prohibir la circulación de vehículos con un solo ocupante, para lo cual ya se ha aprobado la señalización específica que pronto aparecerá en las calles. Además, se ha autorizado a los municipios a implementar tasas diarias para el uso del coche, una medida que ya está en marcha en las Islas Baleares.
Algunos expertos y sectores sociales han denunciado que estas medidas funcionan como un «peaje encubierto» y favorecen una movilidad elitista, restringida para quienes pueden permitirse pagar las nuevas tarifas. Este argumento ha servido para que en ciudades como París se presenten recursos contra las ZBE por considerarlas clasistas.
