El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado este viernes que presentará una querella criminal contra Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, por un supuesto allanamiento de despacho, hecho que califica como «de extrema gravedad e incompatible con el ejercicio de un cargo público». Según Ortolá, el incidente habría tenido lugar el pasado 7 de noviembre, coincidiendo con una protesta convocada por colectivos de izquierda y separatistas en la plaza Mayor.
El informe de la Policía Local, incluido en las pruebas, detalla que dos personas fueron captadas por las cámaras de seguridad en los pasillos donde se encuentran los despachos municipales. A las 20.14 horas, aproximadamente, las imágenes muestran a estas personas intentando abrir la puerta de un despacho, aunque no lo consiguen, presuntamente porque estaba cerrada. Poco después, ambas recorren los pasillos interiores y regresan hacia las escaleras que conducen a la planta inferior.
Ortolá sostiene que durante la manifestación, las luces de su despacho estaban encendidas, un hecho que varios testigos confirmaron, pese a que él no se encontraba en el edificio. Según explicó, el sistema de iluminación del despacho se activa mediante sensores de movimiento, lo que sugiere que alguien habría estado dentro. Además, menciona que en las redes sociales oficiales de Compromís per Castelló (@CompromisCS) se publicó una fotografía de la plaza que, afirma, parece haber sido tomada desde el balcón de su despacho.
El concejal de VOX ha planteado dudas sobre las intenciones del presunto acceso al despacho: «En mi oficina manejo documentos confidenciales vinculados a mi labor pública. ¿Revisaron o fotografiaron estos papeles? Si esto se confirma, estaríamos ante un hecho extremadamente grave que atenta contra la ética y las instituciones». Ortolá exige explicaciones inmediatas y ha pedido la dimisión de Garcia, a quien acusa de haber cruzado una «línea roja».
El caso ya está en manos de los abogados de VOX, que trabajan en la preparación de la querella. Según Ortolá, el artículo 203.1 del Código Penal contempla el allanamiento de despacho como un delito penado con entre seis meses y un año de prisión, además de multas económicas. También considera que la familiaridad de Garcia con las instalaciones municipales agrava la situación, al reflejar, según él, una intención deliberada.
