Primero París y ahora Madrid. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) afrontan su mayor crisis desde su implantación tras la decisión del Parlamento de Francia de eliminarlas y el aval del Tribunal Supremo a su derogación en la capital española.
La Cámara francesa aprobó la supresión de estas restricciones en todo el país, lo que afecta a grandes ciudades como Marsella o Lyon. La medida rompe el relato dominante en buena parte de Europa: la Unión Europea no obliga a implantar ZBE, sino a cumplir objetivos de calidad del aire, dejando en manos de los Estados los instrumentos para lograrlo.
Ese mismo argumento ha emergido con fuerza en España tras la sentencia del Supremo. El alto tribunal ha respaldado la anulación de las ZBE de Madrid al considerar que no se evaluaron sus consecuencias económicas antes de su puesta en marcha, un requisito clave en cualquier regulación con impacto directo sobre ciudadanos y empresas.
Pese a ello, el Ayuntamiento madrileño liderado por José Luis Martínez Almeida (PP)se adelantó a la ejecución del fallo y aprobó en marzo una nueva ordenanza que sustituye a la anterior. Esta maniobra mantiene las restricciones vigentes y evita, por ahora, su caída efectiva, aunque abre la puerta a nuevos recursos judiciales.
El choque revela un problema estructural: la implantación de estas zonas se ha producido en muchos casos sin un análisis completo de su impacto económico y social, lo que ha debilitado su defensa jurídica.
La falta de respaldo también se refleja en el conjunto del país. Sólo una de cada tres de las cerca de 150 ciudades obligadas ha activado ZBE, tres años después del plazo fijado. La ausencia de mecanismos coercitivos ha permitido a la mayoría de municipios esquivar su aplicación.
El precedente francés añade un nuevo elemento de presión. En Francia, el debate ha pivotado sobre el carácter discriminatorio de estas restricciones, al limitar la movilidad a quienes pueden permitirse vehículos más modernos. Un argumento que comienza a ganar peso en España y que previsiblemente será clave en futuras impugnaciones.
Con París y Madrid marcando el rumbo, las ZBE entran en una fase de revisión política y judicial. Lo que hasta ahora se presentaba como una política consolidada empieza a quedar en entredicho en las principales capitales europeas.
