El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad inadmitir el recurso del Ayuntamiento de Madrid (PP) contra la sentencia que anuló la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), lo que deja sin efecto definitivo la anterior ordenanza municipal que regulaba estas restricciones al tráfico en la capital.
Con esta resolución, el alto tribunal confirma el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya había invalidado parte de la normativa en septiembre de 2024. El Supremo considera que el consistorio no justificó adecuadamente la existencia de un interés casacional que obligara a revisar el caso, señalando que discrepar de una sentencia no es motivo suficiente para admitir un recurso de este tipo.
La decisión judicial tiene consecuencias directas sobre las sanciones impuestas en aplicación de la ZBE. El Ayuntamiento ha anunciado que no reclamará el pago de aquellas multas que estén recurridas, aunque por el momento no ha concretado desde qué fecha dejarán de tener validez. Sin embargo, no contempla devolver de oficio el dinero a quienes ya abonaron las sanciones.
En este sentido, expertos jurídicos han adelantado a El Economista que los afectados que pagaron sin recurrir podrían intentar recuperar su dinero mediante procedimientos administrativos más complejos, solicitando la nulidad de pleno derecho de las multas por los defectos de la ordenanza.
El impacto económico del conflicto es considerable. Según datos de la organización Automovilistas Europeos Asociados, entre 2021 y 2025 se han impuesto más de 3,3 millones de sanciones relacionadas con esta normativa, con una recaudación que supera los 650 millones de euros.
El origen del litigio se remonta al recurso presentado por VOX, que fue estimado por el TSJM al detectar fallos en la tramitación de la ordenanza. Entre ellos, destacaba la ausencia de un informe que evaluara el impacto económico de las medidas, especialmente en ciudadanos y pequeños negocios.
Además, el tribunal autonómico subrayó que las restricciones afectaban de manera desigual a determinados sectores de la población, en particular a quienes disponen de menos recursos para renovar sus vehículos y adaptarse a las exigencias medioambientales.
VOX celebra la decisión
La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha celebrado este «triunfo del sentido común» frente al «fanatismo climático»: «Hoy el Tribunal Supremo desmonta una ordenanza diseñada bajo la premisa de los postulados de la Agenda 2030 para vulnerar los derechos de los ciudadanos. La firmeza de esta sentencia es una bofetada más a Almeida y a una forma de gobernar en la que la Administración pisotea, una y otra vez, los derechos de los madrileños», ha manifestado a LA GACETA.
