La jueza que dirige la investigación de la tragedia de El Bocal (Santander), en la que perdieron la vida seis jóvenes y otra persona resultó gravemente herida, ha decidido ampliar el número de investigados al considerar que pudieron existir fallos relevantes en el control y mantenimiento de la pasarela que terminó desplomándose.
En su último auto, la magistrada apunta a una posible «negligencia grave» en la conservación de la estructura, lo que podría derivar en la imputación de seis delitos de homicidio por imprudencia y uno adicional por lesiones. Según sostiene, la infraestructura permaneció abierta al público durante años sin inspecciones periódicas ni actuaciones de mantenimiento adecuadas, lo que habría impedido detectar a tiempo el deterioro progresivo de sus elementos.
A esta causa se suma ahora un nuevo investigado: quien fuera responsable del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Cantabria hasta su jubilación en mayo de 2023. La jueza considera que, por el cargo que ocupaba, tenía una clara responsabilidad en garantizar la seguridad de la pasarela, así como en impulsar o supervisar las revisiones necesarias.
Este exresponsable se incorpora a la lista de investigados junto a su sucesor en el puesto, Enrique Rodríguez Sánchez, y al director de las obras del proyecto original de la senda litoral, José Antonio Osorio. Para la instructora, todos ellos habrían contribuido, por omisión, a mantener un riesgo que no fue controlado y que acabó materializándose en el colapso.
El informe pericial resulta clave en este punto, ya que señala posibles deficiencias tanto en los materiales utilizados como en la ausencia de controles. Entre otros aspectos, se apunta al uso de elementos metálicos inadecuados para una estructura expuesta al ambiente marino, así como a intervenciones de mantenimiento limitadas únicamente a partes no críticas, como la madera.
En paralelo, la magistrada ha citado a declarar a los tres investigados el próximo 15 de mayo. A esa jornada también acudirán distintos peritos, incluidos los designados por las partes implicadas, el Ayuntamiento de Santander y las acusaciones particulares, que representan a las familias de las víctimas.
Precisamente, el consistorio ha encargado su propio informe técnico para aclarar cuestiones que considera aún sin resolver, como posibles diferencias entre el diseño inicial y la obra ejecutada, los sistemas de anclaje empleados o los controles de calidad aplicados durante la construcción. Técnicos municipales ya han realizado una inspección sobre el terreno para recabar datos antes de presentar sus conclusiones.
En cuanto a otras responsabilidades, la jueza ha descartado, por el momento, imputar al ingeniero que elaboró parte del proyecto, al entender que su trabajo formaba parte de un desarrollo parcial integrado en el diseño global y que no existen acciones legales dirigidas contra él.
Por otro lado, la instructora ha solicitado información adicional a la Policía Local sobre las actuaciones realizadas el día previo al accidente, después de que un vecino alertara del estado de la pasarela. Se pretende esclarecer cómo se gestionaron esas llamadas y si se movilizaron recursos suficientes ante el aviso.
