La Mesa del Parlament ha rechazado que el presidente de la Cámara catalana tenga que comparecer ante el pleno para dar explicaciones sobre la situación de bloqueo actual en Cataluña, como había solicitado Ciudadanos.
Fuentes parlamentarias han explicado que no se ha admitido el punto de la propuesta registrada este lunes por Cs que pedía esta comparecencia por un defecto de forma, ya que el reglamento de la Cámara no contempla la comparecencia del presidente del Parlament.
La Mesa sí que ha admitido los otros dos puntos de la propuesta de resolución de Cs en los que se «constata que el presidente del Parlamento de Cataluña está desatendiendo su deber institucional de promover una candidatura viable a la Presidencia de la Generalitat» y se exige al presidente de la Cámara que «ponga fin de inmediato a la situación de bloqueo».
La reunión de la Mesa ha durado más de tres horas y ha tenido un total de 198 puntos en el orden del día, mientras que fuentes presenciales han subrayado que el debate se ha centrado en cuestiones reglamentarias y formales relativas a las subvenciones de los grupos.
En cambio, el órgano rector sí que ha admitido la solicitud de celebración de pleno registrada por Cs para que se debatan los otros dos puntos de la propuesta de resolución que sí han sido admitidos a trámite, y la Junta de Portavoces deberá reunirse para determinar el contenido del pleno, cuya fecha debe fijar el presidente del Parlament.
Antes de conocer la decisión de la Mesa, el portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fernández, ya había considerado que este tipo de acción parlamentaria no le parecía «la más adecuada para mover el reloj» de la investidura, ya que «el Parlament no se controla a sí mismo».
Estudian querellarse contra el Supremo
Por otro lado, la mayoría separatista de JxCat y ERC en la Mesa ha acordado pedir a los servicios jurídicos del Parlament que estudien una posible querella como respuesta al auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, con el que denegó a Jordi Sánchez su salida de prisión para acudir a la investidura.
Fuentes parlamentarias han explicado que JxCat y ERC, que tienen cuatro de los siete miembros de la Mesa, han decidido en la reunión del órgano pedir al secretario general del Parlament, Xavier Muro, que analice la posibilidad de acciones penales y que, si es necesario, busque asesoramiento en penalistas externos a la Cámara.
De concretarse, las acciones las emprendería el Parlament como institución y serían contra la decisión de Llarena de no autorizar a Sánchez su salida de prisión para acudir a la sesión de investidura prevista inicialmente para el pasado lunes y que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, finalmente aplazó sine die.
Dentro de este análisis que deberán hacer los servicios jurídicos se determinará qué tipo de acción penal es la más adecuada, quién es objeto de la misma -sin descartar al propio Llarena- y a qué instancia se recurre, según las mismas fuentes.
En paralelo, la defensa de Sánchez sigue su propio recorrido judicial, primero con un recurso de apelación presentado ayer ante el TS, como paso previo a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
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