Podemos no sólo ha perdido la posibilidad de ponerse al frente de la rebelión popular contra el separatismo, sino que de manera suicida ha unido sus intereses a los de los golpistas. Así es la operación que pretende acabar con la nación española y el régimen jurídico que le da forma
Sabemos por viejas grabaciones que al líder de Podemos el himno de su país le parece una “cutre pachanga fachosa”, y la bandera, un trapo “monárquico y postfranquista”. Sabemos que Pablo Iglesias no puede siquiera “pronunciar el nombre de España”. Y que le «revienta» el nacionalismo español «mucho más que el vasco o el catalán”. No es una actitud exclusiva de Iglesias, la comparte una parte mayoritaria de la izquierda radical, que concibe su país como una suerte de cárcel de pueblos, un error de la historia, el franquismo perpetuo.
No es extraño que con semejante percepción, Podemos y sus partidos satélites se hayan sumado a la ofensiva del separatismo catalán contra la Constitución, el estado de derecho y la propia continuidad de la nación española. Una operación que, por primera vez en democracia, pone a disposición del rupturismo los 71 diputados de Iglesias en el Congreso. Un escenario inédito y que agrava enormemente la crisis.
En un editorial del pasado veinte de septiembre de título “Podemos, cómplice”, el diario El País denunciaba la actitud “irresponsable” del partido morado, que “ha caído en la actitud más nociva que puede elegir un partido en democracia: debilitar al sistema para reforzarse él. Porque hoy no se está dirimiendo el apoyo al PP, sino el futuro del sistema constitucional. Una misión grande que requiere demócratas convencidos, no aprovechados dispuestos al expolio”.
Acusaba el diario de Prisa directamente a Pablo Iglesias de aprovechar cualquier ocasión para deslegitimar las instituciones, “y el desafío independentista catalán no iba a ser menos”. Podemos, decía el Editorial, se sube al carro del separatismo “para obtener los réditos que no logró con la moción de censura, ampliar su acción con ruido mediático y callejero y canibalizar parte de los apoyos del PSOE”. Una actitud irresponsable pero que, desde la óptica de los profesores de Somosaguas, entraña un riesgo menor: la quiebra de una nación que simboliza la eterna reacción.
La cena en casa del todopoderoso Roures
Un mes antes de aquél Editorial, el 26 de agosto a las nueve de la noche, Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y Xavier Doménech (diputado de En Comú Podem) se reunían en casa del multimillonario Jaume Roures. El cónclave fue auspiciado por Oriol Soler, que junto con David Madí es uno de los arquitectos en la sombra del proceso independentista. Se acercaron posturas, se diseñó una estrategia y se repartieron los papeles.
Para muchos, Roures, uno de los hombres más poderosos de España, aupado por el zapaterismo como contrapeso al Grupo Prisa, está detrás de la operación. Roures, trotskista e independentista reconocido, creó La Sexta y Púbilco con el objeto de acabar con el que llama “régimen del 78”. Hoy, el “militante” Roures es dueño de un fabuloso emporio empresarial que conecta, según detalla El Español, “al PSG, a Bein Sports, a la Liga de Fútbol Profesional, a Mediapro, a Junts pel Sí, a TV3, a Al Jazeera, a Oriol Junqueras, a Puigdemont, a Pep Guardiola, a Joan Laporta, al Girona City, a Podemos y, en definitiva, al procés”.
A los pocos días de aquella cena, y según desvela Crónica Global, el conseller Josep Rull concedió un contrato por valor de 312.000 euros al grupo audiovisual de Roures, y en los días previos al referéndum del 1 de Octubre le fue adjudicada la creación y explotación de un centro internacional de prensa por el que pasaron, previo pago, “400 reporteros de 150 medios de todo el mundo”.
Mas fue “Las colocas de Interior” el trabajo con el que el empresario catalán se significó más abiertamente a favor del proceso independentista. El documental, de extraordinaria factura técnica, fue emitido en Tv3 y más tarde en Público Tv y Gol Tv (también de Roures). La pieza muestra un Estado español autoritario y corrompido desde sus cimientos que emplea cuantas herramientas legales e ilegales están a su alcance para perjudicar a los líderes separatistas. En definitiva, la materialización audiovisual del relato independentista. Pablo Iglesias, que es uno de los testimonios de la cinta, procuró por todos los medios dar visibilidad a la “guerra sucia contra el soberanismo catalán” en televisiones, entrevistas, redes sociales y hasta en el Congreso de los diputados.
Reacción social contra Iglesias y los suyos
Ya en septiembre, el partido morado convocó una asamblea extraordinaria de parlamentarios y alcaldes en Zaragoza para denunciar “la deriva represiva del PP” respecto de un movimiento separatista ya en abierta rebelión contra la Constitución y las leyes. Centenares de aragoneses, ataviados con banderas de Aragón y de España, se concentraron a las puertas del pabellón e increparon a los cargos de Podemos y de los grupos independentistas.
Hijo mío, soy un padre de familia que quiere a aragon y a España. 300 nazis? Yo soy mañico y venía paseando con mis 4 hijos pic.twitter.com/Gh3brROKfD
— José Gonzalo (@JoseGonzalo77) 24 de septiembre de 2017
Unos días antes, y como respuesta a los cargos de ERC detenidos por la organización del 1-O, Iglesias había denunciado la existencia de “presos políticos en España”. Una narrativa, la de los presos políticos, a la que hasta el momento sólo se había atrevido Herri Batasuna. Para El País, “que el partido que ha sido tan incapaz de reconocer la existencia de presos políticos en Venezuela como de condenar la brutal represión que allí sufre la oposición pretenda ahora dar lecciones de democracia y derechos humanos a los españoles es un escándalo de tal magnitud que debería merecer la reprobación más severa por parte de la ciudadanía y, esperemos, de sus votantes y simpatizantes”.
Recientemente, y con motivo de las fiestas del Pilar, el alcalde de Zaragoza, también de Podemos, era abucheado. La tensión social contra el partido de Iglesias estallaba tras las posturas que Santisteve ha venido manteniendo al respecto del golpe en Cataluña. Además, en cuestión de 48 horas, casi 100.000 personas se movilizaron en una campaña de recogida de firmas por internet en contra de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudiera a recoger la medalla de oro que el Ayuntamiento concedía a la Ciudad Condal. También por su complicidad con el separatismo.
La mediación: una operación sincronizada Puigdemont/Iglesias
Tras la celebración del referéndum ilegal, Puigdemont y la Generalitat ha desplegado una campaña para lograr que una entidad internacional “medie en el conflicto”. En su alocución televisada del pasado martes, el president clamó por “emprender un proceso de mediación”. El mensaje se ha replicado desde los terminales políticos y mediáticos del mundo independentista. Es la actual consigna, que cuenta de nuevo con el apoyo de los llamados ‘Comuns’ en Cataluña y Podemos en el resto de España. Una estrategia perfectamente coordinada en la que los actores líderes de la izquierda populista se están empleando a fondo. Así, la alcaldesa de Barcelona propuso a una veintena de cónsules de la Unión Europea crear un grupo operativo -‘task force’- bajo el paraguas de la Comisión Europea con el que reducir la tensión actual en Cataluña. Antes, y tras una reunión con los partidos separatistas con representación en Las Cortes, Pablo Iglesias celebraba una rueda de prensa para pedir a Rajoy y a Puigdemont que pacten “un equipo de mediadores”. Exactamente lo que exigía el president de la Generalitat. La foto de la comparecencia ante los medios, con los diputados exconvergentes y de ERC, evidenció una vez más la sincronización entre el partido morado y los independentistas. La intención “de Iglesias y Colau”, denuncia El País, es “negar la soberanía de España”. Y en el mismo sentido se expresa el exministro Josep Borrell, uno de los portavoces de la masiva manifestación de Barcelona el pasado domingo:
“No va a haber mediación ni debe haberla. La UE, desde luego que no. Porque no es un conflicto internacional. España no es un país dividido en guerras tribales. Cuando alguien pide mediación es porque está empezando a perder. Es un asunto interno de España. Y España tiene un Estado de derecho, una Constitución, una separación de poderes… Iglesias y Colau quieren mediar. ¿Pero, desde dónde? ¿Dónde están? Me sorprende que tengamos el Parlamento cerrado y andemos buscando la Cruz Roja”.
Lo cierto es que, salvo el caso de Irlanda del Norte -un conflicto paramilitar con más de 3.500 muertos- y de Yugoslavia -una guerra civil abierta-, las mediaciones internacionales se han producido siempre en conflictos entre Estados. Lo contrario, la mediación entre un Estado y una región del propio Estado supondría la quiebra de facto de la soberanía nacional. Y supondría, también, el reconocimiento de Cataluña como un actor soberano y homologable al Estado español.
Pañuelos blancos en lugar de banderas de España, negociación en lugar de Justicia
El mismo día que decenas de miles de personas se concentraban en la madrileña Plaza de Colón para mostrar su rechazo con el golpe independentista y su compromiso con la Constitución, Podemos organizaba una concentración paralela, para insistir en que el Gobierno atendiera las reclamaciones de una Generalitat instalada definitivamente en un proceso de sedición. Se optó por una concentración con prendas y paños blancos, “al margen de las banderas”. Una consigna que no se escuchó cuando la única bandera visible era la estelada y que aparece cuando empiezan a brotar banderas nacionales en los balcones de toda España, también de los barrios humildes.
Las semanas anteriores, Pablo Iglesias, movido por el compromiso adquirido en la cena en casa de Jaume Roures, había procurado llevar a su gente a la Puerta del Sol en defensa de un referéndum de secesión “legal y acordado” y contra “el autoritarismo y la represión del Gobierno de España”. Las dos convocatorias se saldaron con grandes fracasos de asistencia.
Llenazo impresionante en la Puerta del Sol protestando por las actuaciones judiciales sobre el 1-O…. #IroníaON
Foto de ahora mismo: pic.twitter.com/mf3JGibdEi— Ángeles SC (@asanchezca) 20 de septiembre de 2017
Iglesias estuvo de nuevo en Barcelona el día de la manifestación contra la secesión. No concretó el motivo ni desveló las reuniones en las que estuvo presente. Su presencia en la Ciudad Condal se conoció por la estruendosa pitada que le dedicaron los manifestantes con los que se cruzó en la estación de Sants.
La marcha, como es sabido, superó todas las expectativas e inundó Barcelona de señeras y banderas de España. Acudieron dirigentes de PP, C’s y PSC; Podemos estuvo por completo ausente. Acudió, no obstante, ex fiscal Jiménez Villarejo, que formó parte del partido morado en sus inicios pero se vio obligado a abandonar la formación “por la complicidad de Iglesias con el independentismo”.
La manifestación del domingo en Barcelona, «de extrema derecha»
La postura oficial del partido morado, coincidente una vez más con las del mundo separatista, fue calificar la manifestación de un millón de personas como “de extrema derecha”. Así lo denunciaban los portavoces Pablo Echenique y Noelia Vera, que acusaban a “PP, Ciudadanos, Vox y Falange” de formar un “bloque” con el objetivo de «empujar» con sus acciones y actitudes «a Cataluña fuera de España».
Unos días antes Echenique se desmarcaba con unas declaraciones en las que minimizaba el éxodo empresarial de compañías catalanas y aseguraba que los cambios de sede «no implican ni siquiera que se vaya a mover ni una máquina de café”. Un punto de vista que contrataba con el del propio Carles Puigdemont que calificaba las salidas de “extremadamente graves”.
Y a escasas horas de la presumible DUI, el diario Público titula: “Iglesias advierte a Puigdemont de que la declaración de independencia serviría a Rajoy”. Nótese que la preocupación del Secretario General de Podemos tiene que ver, no con la secesión sino con que la operación pueda “servir a Rajoy”.
Una actitud, en definitiva, difícilmente comprensible a ojos de muchos de sus votantes y que, según acaba de desvelar la empresa de demoscopia GAD3, estaría hundiendo al partido, que caería hasta el cuarto puesto y perdería 16 escaños. En cambio, la otra fuerza de voluntad regeneradora, Ciudadanos, firme en la defensa de los valores constitucionales y en la unidad de España, se dispararía y casi doblaría su representación en Las Cortes.
