El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 destina un total de 61,61 millones de euros para la financiación de los partidos políticos, mientras cifra en 500.000 euros las ayudas a los padres que rechazan la inmersión lingüística en Cataluña.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 destina un total de 61,61 millones de euros para la financiación ordinaria de los partidos políticos, en un año en el que, en principio, no está previsto que se celebre ningún proceso electoral.
Así consta en el proyecto de las cuentas públicas para este año que ha entregado hoy en el Congreso el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
Los presupuestos del Ministerio del Interior establecen que la subvención estatal para gastos de funcionamiento a partidos políticos ascenderá en 2018 a 58,9 millones de euros.
A ello hay que sumar la asignación anual para gastos de seguridad que es de 2,7 millones, la misma que en los últimos cinco ejercicios.
En el ejercicio económico 2018 no está prevista la celebración de ningún proceso electoral, por lo que no se prevén partidas presupuestarias en este apartado.
Sin embargo, en el proyecto de ley se establece que, en el caso de que se produjera una convocatoria electoral anticipada, el crédito tendría que ser ampliado.
No obstante sí incluye tres pequeñas partidas para cubrir los pagos pendientes de procesos electorales ya celebrados, como es el caso de la devolución del franqueo pagados por electores residentes en el extranjero que efectúen reclamación, por un importe de 10.000 euros.
Asimismo, se incluyen 15.000 euros para el mantenimiento del portal Infoelectoral que ha pasado a depender del Ministerio del Interior, así como otros 10.000 euros para hacer frente a la ejecución de sentencias.
500.000 para la escolarización en castellano
El proyecto de presupuestos del Estado de 2018 incluye 500.000 euros para compensar a las familias que hayan pedido escolarizar a sus hijos en un centro privado para estudiar en castellano como lengua vehicular al no tener dicha opción en uno público o concertado de su comunidad autónoma.
Esta cantidad presupuestaria comenzó siendo de cinco millones en los presupuestos de 2015, bajó a un millón en 2016 y en 2017 se situó en 500.000 euros, idéntica cifra a la de este año.
Se da la circunstancia de que el pasado febrero el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso por invasión de competencias de la Generalitat contra la disposición adicional 38 de la Lomce, la cual fijaba esa opción de escolarización en un centro privado con el objetivo de garantizar la enseñanza en castellano en toda España.
No obstante, el Constitucional señalaba en su sentencia que la anulación de ese modelo de la Lomce no afectaría a los alumnos que ya hubieran sido escolarizados mediante este procedimiento y determinaba «la garantía de continuidad en la escolarización hasta el final de la enseñanza obligatoria», a excepción de que el alumno cambiara de centro.
Los presupuestos para 2018 llegan con el curso escolar 2017-18 ya comenzado y con alumnos que se han podido acoger a esa disposición de la Lomce antes de la anulación del Constitucional.
La compensación para los gastos de escolarización en un centro privado tiene un importe máximo equivalente al coste anual de una plaza en un centro público de la comunidad afectada (suele rondar los 6.000 euros) y se podía solicitar desde el curso 2014-15.
La Lomce establecía que dicho gasto tenía que ser adelantado por el Ministerio de Educación, que después lo comunicaba al de Hacienda para que pudiera deducirlo o retenerlo de la financiación autonómica que correspondiera.
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