La red de corrupción que anidó en la Junta de Andalucía en la etapa de gobierno del PSOE no se limitó al escándalo de los ERE, aún pendiente de lo que dictamine la Justicia europea tras la revisión parcial de las condenas por el Tribunal Constitucional. Ese entramado de ayudas irregulares se extendió a otros ámbitos de la administración autonómica y está siendo desgranado en procedimientos judiciales que llevan más de diez años activos, como el conocido como caso Avales, ahora con una nueva pieza cerrada por los tribunales.
El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha concluido la investigación sobre la concesión de un aval millonario a la cooperativa Cofrutex, dedicada a la exportación y manipulación de cítricos. En su auto procesa a 14 antiguos altos cargos socialistas por presunta prevaricación y malversación continuada, además de a tres responsables de la citada sociedad, sumando un total de 17 encausados. El de mayor rango es Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, ya condenado anteriormente en el caso ERE.
El juez considera probado que Cofrutex obtuvo en 2009 un aval de 1.180.000 euros de la agencia pública IDEA «sin base legal ni justificación financiera», lo que permitió a la empresa acceder a un préstamo bancario que jamás devolvió. Cuando el crédito se ejecutó, fue la Junta de Andalucía quien asumió el 80% del importe, sin que la agencia hiciera gestión alguna para reclamar la deuda antes de que la compañía entrara en liquidación en 2016.
La operación, además, no sólo costó el aval ejecutado: IDEA también afrontó las comisiones derivadas, que ascendieron a 86.241 euros. En conjunto, el agujero económico para las arcas públicas superó los 1,26 millones de euros, de acuerdo con los cálculos incorporados al sumario.
Los peritos de la Intervención General del Estado confirmaron que el dinero se entregó pese a las evidencias de insolvencia y sin análisis real de las garantías presentadas. Según su dictamen, se trató de una inyección arbitraria de fondos públicos en favor de una empresa en crisis, consciente la Administración de que sería imposible recuperar el dinero.
El instructor recuerda además que Cofrutex ya había recibido apenas semanas antes otra ayuda: una subvención sociolaboral de 440.000 euros procedente del polémico fondo de los ERE, librada el 1 de octubre de 2008 por la Consejería de Empleo. La concesión del aval posterior supuso, por tanto, una repetida y progresiva transferencia ilícita de recursos públicos hacia la misma sociedad.
En el auto se subraya que la cooperativa sevillana, fundada en 1961, fue beneficiada por una decisión política sustentada en la «voluntad discrecional» de los responsables de IDEA y no en criterios técnicos o económicos. Los hechos, a juicio del magistrado, forman parte de un esquema más amplio de «avales propios o excepcionales» que alcanzó a una veintena de compañías andaluzas y que se solapó con las subvenciones repartidas mediante la dirección general de Trabajo de la Junta.
