Congelada la proposición de ley para reconocer como profesión de riesgo a Guardia Civil y Policía Nacional, después de que la Mesa del Congreso haya aprobado una nueva ampliación del plazo de enmiendas, la número 71 desde que se inició su tramitación. La decisión se adoptó en una votación ajustada, con el respaldo de PSOE y Sumar, que mantienen así bloqueada la iniciativa parlamentaria.
La prórroga se acordó de forma anticipada mediante una ronda telemática, antes incluso de la reunión oficial prevista para esta semana. Fuentes parlamentarias señalan que esta fórmula se utilizó pese a la ausencia de algunos miembros del órgano, desplazados por un viaje institucional, aunque se considera que ello no invalida el procedimiento seguido.
El retraso acumulado en la tramitación ha reavivado la polémica jurídica, ya que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en la pasada legislatura sobre una situación similar. En aquel fallo, el alto tribunal criticó la reiteración de prórrogas —entonces también en torno a las 70— y dejó claro que estas ampliaciones deben estar debidamente justificadas, aunque sin fijar un límite concreto.
Mientras la iniciativa sigue encallada en el Congreso, el Ministerio del Interior ha optado por abrir una vía paralela. El departamento ha convocado a sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil a una mesa de trabajo que, previsiblemente, se celebrará en los próximos días, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de la peligrosidad de estas profesiones.
Desde el Ejecutivo se defiende que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional ya cuentan con un reconocimiento general como profesiones de riesgo en la normativa vigente, y que el debate actual se centra en su inclusión dentro del sistema de coeficientes reductores que permitiría anticipar la edad de jubilación. Sin embargo, las asociaciones discrepan y sostienen que ese reconocimiento no existe en términos efectivos.
La discusión se ha intensificado tras recientes sucesos trágicos, como el asesinato de dos agentes en acto de servicio en Huelva, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la peligrosidad inherente a estas funciones. Colectivos profesionales insisten en que la equiparación con otros cuerpos policiales es una cuestión pendiente desde hace años.
En este sentido, policías autonómicas y locales —como la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra o las policías locales— ya disponen de mecanismos que les permiten jubilarse antes gracias a estos coeficientes reductores, una medida de la que, por ahora, siguen excluidos los cuerpos de ámbito estatal.
