En teoría, la principal finalidad de los tributos es dotar al sector público de los recursos económicos necesarios para poder satisfacer las necesidades públicas. Así, sobre el pael, la fiscalidad sería una herramienta que serviría para dotar al Estado de la capacidad de atender aquellas necesidades de los ciudadanos que la iniciativa privada no es capaz de atender.
Sin embargo, para que un sistema fiscal sea eficiente tiene que tratar de mantener un equilibrio adecuado entre la presión fiscal y el tamaño y eficiencia del gasto público. Por un lado, la presión fiscal de un país es el porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación con el PIB. Una presión fiscal excesiva puede derivar en un sistema tributario complejo que no mantenga una adecuada relación entre la recaudación y el crecimiento económico y que aliente, entre otras cosas, la desigualdad, el empobrecimiento de las familias, la dificultad para emprender y para contratar y, en último término, el descontento de los ciudadanos.
Por otro lado, el tamaño del gasto público debe ser racional y adecuarse a las necesidades reales de los ciudadanos. Cuando se produce una desconexión entre estas últimas y el gasto público, esto es, cuando los españoles advierten que cada vez pagan más impuestos y esto no se traduce en una mejora real de sus condiciones de vida, lo que se está produciendo es una gestión ineficiente de los recursos públicos que deslegitima la razón de ser del sistema fiscal.
Por ello, para poder evaluar la eficiencia del sistema fiscal español hay que observar estas variables -presión fiscal y tamaño y eficiencia del gasto público- y ver cómo afecta su actual configuración a mejorar o empeorar la vida de los españoles:
Presión fiscal
Por una parte, la configuración del impuesto con mayor repercusión sobre los trabajadores españoles, el IRPF, muestra que en la Comunidad de Madrid (territorio que mantiene una menor presión fiscal con respecto al resto) un trabajador que ingresa 30.000 euros anuales paga un IRPF de en torno 4.500 euros. Asimismo, un trabajador que ingresa 50.000 anuales paga un IRPF de en torno 10.500 euros. Por último, una persona que ingresa 100.000 anuales paga un impuesto sobre la renta de aproximadamente 31.000 euros. Además, la falta de uniformidad fiscal en España hace que la cuantía de este impuesto pueda variar dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se tribute.
Por otra parte, con respecto al IVA, una subida llevada a cabo por el Gobierno de España en 2012 hizo que el tipo general pasara del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%. A pesar de la creciente inflación, estos tipos se han mantenido en los últimos años e incluso algunos productos, como los refrescos, zumos y gaseosas, pasaron en 2021 del tipo reducido al tipo general. Otros, como los alimentos básicos, han visto reducido su tipo impositivo pero únicamente de manera temporal.
Asimismo, los españoles tienen que hacer frente al pago de otros impuestos entre los que se incluyen: el impuesto de sociedades (IS), el impuesto sobre el patrimonio (IP), el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El incremento de los ingresos tributarios, de la mano de la ralentización de la economía, ha generado en España una elevada presión fiscal que en 2022 alcanzaba máximos históricos superando el 42% del PIB y, por lo tanto, por encima de la media de la Unión Europea (41,7%, con datos de 2021). Esto influye asimismo en el crecimiento del llamado esfuerzo fiscal, que es un indicador que tiene en cuenta también la renta per cápita y, por tanto, refleja el coste que tiene para las familias y empresas españolas cumplir con sus obligaciones tributarias.
Gasto público
Otra de las variables que se debe tener en cuenta para evaluar la eficiencia del sistema tributario de un país es el diseño del gasto público y su eficiencia. Mientras que en el año 2018 España contaba con un gasto público del 41,8% del PIB, en el año 2021 este gasto se incrementó hasta situarse en el 50,6% frente al 51,5% de la UE. En 2022, se situó en el 47,8% del PIB, lo que quiere decir que el pasado año el gasto público per cápita en España fue de 13.198 euros por habitante. Estos datos sitúan a nuestro país como uno de los países de la UE que más ha aumentado el gasto en los últimos años.
Además, el aumento de la presión fiscal soportado por los españoles para hacer frente a este incremento del gasto no ha logrado reducir el déficit público todo lo deseado. Es cierto que, comparado con los años 2020 y 2021 el déficit del 2022 ha disminuido hasta situarse en el 4,81% del PIB. Sin embargo, estos datos difícilmente muestran la realidad de la deuda española puesto que en 2020 y 2021 la pandemia condujo a España a niveles récord de déficit. Si comparamos la deuda pública de hoy con la de los años inmediatamente anteriores a la pandemia (2018 y 2019) esta no solo no ha disminuido sino que ha aumentado a pesar de que el Estado haya disparado los niveles de recaudación en los últimos años.
Una de las conclusiones que se pueden extraer de estos datos es que mientras que los españoles han ido sacando de sus bolsillos una cantidad cada vez mayor para financiar el gasto del Estado, el Estado no ha logrado gestionar ese dinero de manera eficiente y ha dejado a España en una situación de mayor déficit y a los españoles en una situación de mayor empobrecimiento.
El aumento del gasto no refleja de forma evidente una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en educación, los padres siguen encontrando dificultades para matricular a sus hijos en guarderías y colegios, muchos colegios siguen contando con infraestructuras inadecuadas y los profesores siguen cobrando salarios bajos y desiguales entre los distintos territorios de España. En sanidad, el tiempo de espera para ser operado en un hospital público o para ser atendido por un especialista sigue aumentando (en el último semestre de 2022, un total de 793.521 pacientes estaban en lista de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS)). Por otra parte, el aumento del gasto público sí ha ido acompañado de un aumento del gasto político estos últimos años. Es decir, gran parte de los fondos que el Estado ha recaudado a través de los impuestos se ha destinado a causas que no contribuyen a mejorar su calidad de vida sino que únicamente sirven a intereses ideológicos y políticos, como puede ser la creación del ministerio de igualdad o los programas de impulso de la agenda 2030.
Una alternativa neccesaria
Los datos expuestos anteriormente evidencian la necesidad de rediseñar el sistema fiscal español de manera que este sitúe en el centro el bien común de todas las familias y empresas españolas. Por un lado, resulta imprescindible reducir la presión y el esfuerzo fiscal a través de la bajada generalizada de impuestos para permitir que los españoles recuperen poder adquisitivo y alentar la iniciativa privada y, por tanto, la dinamización de la economía.
Por otro, es necesario repensar la configuración del gasto público para financiar esa bajada de impuestos y reducir el déficit público. El recorte del gasto político o gasto innecesario de la administración se hace imprescindible para lograr un gasto público más racional y conectado con las preocupaciones y necesidades reales de los españoles.
Además, el sistema fiscal debe alejarse de causas ideológicas y perseguir mayores beneficios para las familias españolas. El cuidado y promoción de la familia tiene que volver a ser una prioridad para los poderes públicos, también en el diseño del sistema tributario. Hacen falta medidas fiscales que incentiven la natalidad y ayuden a todas las familias, pero especialmente a las familias numerosas, a mantener unas condiciones de vida acordes a la aportación que estas hacen a la sociedad española en su conjunto.
En definitiva, el próximo 23J el español decidirá en las urnas cuál es el sistema fiscal que quiere para nuestro país en los próximos cuatro años y escogerá entre seguir con lo de siempre u optar por un cambio profundo.
