Entre las cuestiones que están en juego este 23 de julio, día en el que los españoles están llamados a las urnas para votar a aquellos que lesgislen y conformen un Gobierno para los próximos cuatro años, están sin duda las que afectan a la familia, a la mujer y a la vida, tres asuntos que han sido ninguneados —más allá de obsesiones ideológicas— los últimos años, por no decir décadas.
Familia y natalidad
La familia es la institución básica de nuestra sociedad, es preestatal, una comunidad básica para el desarrollo de las personas, obstáculo del globalismo y las ideologías radicales para lograr el control social y económico de los individuos; el mayor escollo, en definitiva, del poder.
Las políticas de los últimos tiempos han llevado al límite a miles de familias que se han visto asfixiadas a impuestos, arrastradas por el aumento del coste de la vida y maltratadas por los bajos salarios. Además, las leyes divisivas y de desnaturalización de la familia implementadas en los últimos años en España han fomentado el enfrentamiento entre hombres y mujeres, promoviendo la guerra de sexos.
El 23 de julio está en juego continuar con esta siniestra deriva o iniciar un cambio de rumbo, protegiendo esta institución primordial para cualquier civilización que se precie en considerarse como tal.
No descubrimos América si decimos que formar una familia en este momento supone toda una heroicidad. Son urgentes mayores medidas de protección fiscal, económica y social, como ya ocurre en países como Hungría donde, poco a poco, están revirtiendo el declive demográfico que arrastraban desde su periplo comunista.
En lugar de calcular cuántos inmigrantes se necesitan para suplir la mano de obra que vaya a pagar las pensiones del futuro cercano, los poderes públicos deben tomar como una prioridad absoluta el fomento de la natalidad —no como el inútil colofón del nombre de un ministerio, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se queda en agua de borrajas—, que es el futuro, literalmente, de España.
Hay que apoyar decididamente, como sucede en la mencionada Hungría, que los españoles tengan hijos. Nadie debería rechazar el tener un hijo por falta de apoyo de la administración. Para ello, son fundamentales —además de las ventajas fiscales mencionadas— medidas reales de conciliación, incentivos a las empresas por contratar a madres, reducciones del IVA en productos básicos para la primera infancia, ayudas a la escolaridad, deducciones de los gastos por cuidados, entre otras muchas.
Como pudieron leer en estas páginas, España es el segundo país con menos hijos por mujer de la Unión Europea. Por tanto, es este, sin duda, uno de los problemas más acuciantes de los que están en juego estas elecciones generales: hay que situar a las familias en el centro de todas las políticas públicas; ya vamos tarde.
Una verdadera defensa de la mujer
El Gobierno de Pedro Sánchez se las dio de ser el más feminista de la historia; sin embargo, la realidad ha resultado ser muy distinta. El Ejecutivo actual, instigado precisamente por el Ministerio de Igualdad, ha sido el responsable de la puesta en libertad —antes de tiempo— de más de 100 violadores y pederastas y de las rebajas de penas de más de 1.000 de estos sujetos. Esta situación se ha producido gracias a la ya archiconocida ley del «sólo sí es sí», una de las leyes insignia de este Gobierno, de la que presumían hasta hace no muy poco.
Además de por esta lamentable ley, la inseguridad para las mujeres en nuestro país no ha dejado de crecer desde que Sánchez asumió el poder. Según recoge RTVE, desde 2019 las denuncias de violaciones han crecido un 53,2%. Es urgente endurecer el Código Penal en este sentido para recuperar la seguridad en nuestras calles.
Y todo esto sucede con un Ministerio de Igualdad que, a la sazón de más de 500 millones de euros anuales de presupuesto, se dedica a criminalizar a los hombres, a celebrar el aborto, a hablarnos de gordofobia y, en fin, a destinar el dinero público a estúpidos estudios ideológicos y a todo tipo de chiringuitos.
De ese ministerio —que sin duda debe ser suprimido— ha brotado otra de las leyes más nocivas contra la mujer del Ejecutivo de Sánchez: la ley trans. Una normativa que supone un ataque a la intimidad, la integridad y la igualdad de los españoles, que niega la realidad biológica, pretendiendo difuminar los conceptos de hombre y mujer para sustituirlos por nuevos supuestos derechos como la autodeterminación de género. Una legislación que ha sido polémica hasta en el seno del feminismo más radical, ya que supone, en definitiva, la negación de la mujer.
La derogación de esta ley debe ir de la mano de hacer lo propio en las comunidades autónomas donde hay legislaciones previas incluso peores; muchas de ellas, por cierto, impulsadas por el Partido Popular, que hoy se rasga las vestiduras con la ley de Irene Montero.
Menos esperanzas tenemos en la derogación de la ley de violencia de género —apoyada por todo el arco parlamentario salvo VOX— y toda la normativa que, lejos de proteger a las mujeres eficazmente, ha alentado una guerra de sexos, la ruptura de familias, la desigualdad ante la ley y la destrucción de la presunción de inocencia.
La dignidad de la vida
Junto la protección de la familia, fomento de la natalidad, y defensa genuina de la mujer, este 23 de julio está en juego la dignidad de la vida. El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado de manera decisiva en los últimos años la cultura de la muerte, atacando la vida y la dignidad de la persona con leyes nocivas, como el aborto y la eutanasia.
La acción política debe tener como razón última el bien común y estar inspirada en el respeto a la persona, por lo que es apremiante la derogación inmediata de las leyes que atentan contra el derecho a la vida, un valor que no se decide por consenso. En el caso del aborto, la derogación de esta legislación debe ir de la mano de un apoyo decidido y sin reservas a las mujeres; en el caso de la supresión de la eutanasia, de una Ley de Cuidados Paliativos que asegure el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, reduciendo en la medida de lo posible el sufrimiento.
En un país con casi 100.000 abortos al año —se ha convertido, en la práctica, en un método anticonceptivo más— es urgente eliminar ese falso «derecho» y defender a cada mujer embarazada, garantizando el acceso a toda la información y a todas las ayudas necesarias para la manutención, educación y cuidado de los hijos.
El 23 de julio está en juego que se promuevan políticas públicas que construyan una cultura del cuidado, de acompañamiento de nuestros mayores y protección de los no nacidos, o que sigamos en esta cultura del descarte que han impulsado los que han aprobado el aborto y la eutanasia.
Sobre la dignidad de la vida humana, es urgente también abordar con decisión el grave problema social del suicidio cuya incidencia no ha dejado de aumentar en los últimos años. El Estado ha de garantizar un mejor acompañamiento sanitario, psicológico y social a las personas que se encuentran en una situación límite de salud mental, algo que hasta el momento es, a la vista de los tristes datos, del todo insuficiente.
