Bandazo judicial del Supremo que, en cuestión de días, pasa de atribuir el pago del impuesto por Actos Jurídicos Documentados a los bancos a cargárselo al ciudadano. Así han reaccionado políticos y ciudadanos.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que es «incomprensible» la rectificación del Tribunal Supremo ante la nueva sentencia que ahora obliga al cliente a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la hipoteca y ha pedido al Gobierno una regulación clara: «Incomprensible. No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro», ha señalado Rivera en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, ha dicho en la cámara baja que Ciudadanos estudiará en los próximos días presentar una iniciativa para cambiar la regulación y ofrecer certidumbre a los ciudadanos y al sector financiero: «Respetamos las decisiones judiciales y la separación de poderes pero es evidente que nadie entiende nada de lo que está pasando. El Supremo tendrá que dar más explicaciones», ha dicho tras insistir en que la rectificación de la decisión del Supremo «ha generado más inseguridad jurídica en vez de menos». Roldán ha reiterado que es «muy difícil comprender que un tribunal tome una decisión y al cabo de unos días gire 180 grados» y ha incidido en que ha mandado señales que no son clarificadoras.
El PP, mientras, ha asegurado que acata la sentencia del Supremo, pero buscará el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para «modificar cuantas leyes tributarias sea necesario para que quede claro, de cara al futuro, quién es el sujeto pasivo de esos impuestos». Así lo ha afirmado el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, que añadía la conveniencia de «buscar, entre todos los grupos, un acuerdo para que quede claro quién es el sujeto pasivo de los impuestos y tasas y que no quede posibilidad de interpretación».
«Hay que defender a los consumidores, que son siempre los más vulnerables», ha dicho, «y por eso no descartamos modificar cuantas leyes tributarias sea necesario para que quede claro de cara al futuro quién es el sujeto pasivo de esos impuestos».
Bermúdez de Castro ha subrayado que el PP «siempre ha respetado las decisiones judiciales, nos gusten más, nos gusten menos o nos gusten, pero acatamos porque estamos en un Estado de Derecho y es nuestro deber y obligación».
No obstante, y pese a reconocer no haber leído aún los fundamentos jurídicos de la sentencia, ha considerado que «es difícil de entender que, en tan poco tiempo, se haya podido dictaminar por dos salas una cosa y su contraria y se haya mantenido en esta situación a los consumidores de hipotecas».
Para el dirigente popular, «la economía española necesita reglas claras y estables y tenemos que proporcionarlas» y la «seguridad jurídica obliga siempre a que se tenga claro, desde el principio, quién tiene que pagar los gastos y los tributos desde el principio».
En su opinión, «los políticos tenemos que tomar medidas, adelantarnos, para que en un futuro no volvamos a estar en esta situación, sujeto a interpretación, pues eso va siempre en contra de los consumidores»: «No descartaremos adoptar medidas en favor de los usuarios, y exigimos al Gobierno que tome medida en defensa de los usuarios», ha concluido.
Por su parte, el portavoz de Economía del PP en el Senado y portavoz adjunto, José Manuel Barreiro, ha valorado que se haya acabado la «confusión» de la sentencia sobre las hipotecas.
En declaraciones en los pasillos del Senado, Barreiro ha señalado que la decisión del Supremo «de alguna forma resuelve la situación de confusión» que se había generado al haber dos pronunciamientos sobre un mismo asunto, pero más allá de esto «no cabe ningún tipo de valoración ni de posición».
Barreiro ha dicho que las decisiones de la Justicia hay que «respetarlas y acatarlas» y ha lamentado que se hubiese producido los pasados días «un período, aunque fuese corto, que generase una cierta incertidumbre» sobre el pago de este impuesto vinculado a la firma de una hipoteca.
Mensaje del PSOE al Gobierno
El PSOE, por su parte, ha llamado al Gobierno de Pedro Sánchez y también al Parlamento a «tomar decisiones» a la vista de la sentencia: «El PSOE manifiesta su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo. Corresponde ahora a los poderes ejecutivos y legislativo examinar y conocer la motivación de la misma y tomar decisiones. Es lo que haremos», señala el ‘tuit’ de los socialistas.
n la misma red social, el alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha recurrido al célebre poema de Quevedo «Poderoso caballero es don dinero» para criticar la sentencia.
«Esto escribió Quevedo en Valladolid en 1603. Intemporal. Madre, yo al oro me humillo, Él es mi amante y mi amado, Pues de puro enamorado Anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, Poderoso caballero Es don Dinero», afirma Puente.
La opinión de los ‘afectados’
Abogados y asociaciones de consumidores lamentan la decisión del Tribunal Supremo de cargar al cliente con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y, tras hacerse pública la decisión, algunas agrupaciones han mostrado su oposición ante el «aberrante» paso atrás de los magistrados, aunque mantienen su esperanza en «la justicia europe».
Así lo sostiene el portavoz de Adicae, Fernando Herrero, que ha calificado la decisión de «extraña y anómala», si bien ha matizado que no cierra la batalla judicial ni la posibilidad de que los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos.
Y es que, ha apuntado, el Tribunal Supremo ya declaró nula una cláusula abusiva que atribuía al cliente, sin negociación previa, el pago de todos los gastos inherentes a la firma de una hipoteca.
Herrero ha explicado que, una vez se conozca íntegramente el contenido de la sentencia, lo que ocurrirá en unos días, Adicae impugnará su contenido «en España y en Europa», porque «hay que seguir discutiendo esta decisión».
Por ello, «no se ha perdido la batalla», ya que todos los que tengan una cláusula declarada nula pueden seguir reclamando; además, ha indicado que ahora será la sala de lo Civil la que se tenga que pronunciar, «y veremos también lo que dice Europa».
Facua ha afirmado que el Supremo no les ha sorprendido, pero remite al triunfo de los afectados por la comercialización de cláusulas suelo abusivas a los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2016 la total retroactividad y su derecho a percibir las cantidades abonadas de más desde la firma del contrato.
También ha lamentado el «bochorno» la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por su «gestión pésima» en una decisión «sin precedentes» que, aseguran, va en contra de la jurisprudencia del propio tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.
Sobre la polémica se han pronunciado además despachos de abogados como Navas & Cusí, que aunque «acata» el resultado de la votación, que ha finalizado con 15 votos a favor y 13 en contra, no lo comparte, pues «el interesado en la garantía hipotecaria» es la banca, la cual ha sido «invitada de piedra» en este problema «generado por los legisladores».
Al respecto, lamenta que «todo este embrollo», iniciado a partir de que se sometiera a revisión la modificación del criterio sobre el sujeto pasivo de esta tasa apenas 24 horas después de trascender, sólo ha servido para debilitar la imagen pública de la justicia.
En la misma línea se expresa la socia fundadora de Pelegrí Abogados, Amor Pelegrí, que en declaraciones a Efe reprocha que esta «barbaridad jurídica», la cual «no es conforme a derecho y va en contra de los consumidores», marque un «momento histórico en sentido muy negativo»; no obstante, entiende que Europa aún puede obligar al Supremo a volver a rectificar.
«Gana la banca y pierde la ciudadanía y la confianza en la justicia», sentencia el abogado de Sanahuja Miranda, Fernando Sanahuja, que manifiesta su «estupefacción» ante un «súbito cambio radical» que «como letrado resulta difícil de explicar jurídicamente».
Por su parte, UGT ha afeado, en una nota de prensa, un fallo que «genera incertidumbre» y supone un retroceso «en la consideración social de la vivienda como un valor social», reforzando «el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social».
