Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez disimula su entrega a los separatistas con debates sobre competencias migratorias o la presencia de los Mossos en las fronteras, la realidad se cuece en silencio y a espaldas de los ciudadanos. Bajo la mesa del Congreso, el PSOE ha abierto las puertas de organismos estatales y empresas semipúblicas a una nueva hornada de cuadros vinculados a Junts. El objetivo: extender la influencia del separatismo catalán más allá de la política institucional y afianzar su presencia dentro del propio aparato del Estado.
Desde noviembre, cinco nombres bien conocidos en el entorno neoconvergente han sido premiados con cargos de poder en estructuras clave: Miquel Calçada en RTVE, Pere Soler en la CNMC, Ramon Tremosa en Aena, Eduard Gràcia en Renfe y Elena Massot en Enagás. Un goteo que recuerda a la vieja estrategia de Convergencia: infiltrarse en los centros de decisión de Madrid mientras se alimenta desde Barcelona un discurso victimista y rupturista.
Uno de los casos más llamativos es el de Ramon Tremosa, exconsejero del gobierno de Quim Torra, que será designado consejero independiente de Aena el próximo 9 de abril. Apenas un año atrás, desde su escaño en el Parlamento catalán, atacaba con dureza a la misma empresa a la que ahora se incorpora, acusándola de trato «colonial» hacia Cataluña por la gestión centralizada de los aeropuertos. Criticó la ampliación de Barajas y defendió que Aena no podía dirigir El Prat «desde Madrid, a 600 kilómetros».
Tremosa, que fue eurodiputado por Convergencia durante una década, renunció a finales de enero a su acta de concejal en Barcelona alegando «motivos profesionales». El presidente de Aena, Maurici Lucena, ex portavoz del PSC, alabó su perfil «profesional y técnico». Lo cierto es que, con este nombramiento, el separatismo logra un puesto privilegiado en la principal empresa pública de gestión aeroportuaria, controlada en un 51% por el Estado.
Pero el caso de Tremosa no es único. Ya en diciembre, el Consejo de Ministros había bendecido el nombramiento de Pere Soler como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Soler, que fue director político de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1-O, llegó al cargo tras la modificación exprés del sistema de elección de consejeros. El propio Gobierno reconoció que ese cambio buscaba garantizar el apoyo de sus socios parlamentarios.
En paralelo, RTVE también se vio sacudida por la entrada de Miquel Calçada, alias Mikimoto, como consejero a propuesta de Junts. Con pasado como comisario del Tricentenario de 1714 y candidato en las listas separatistas, Calçada ya ha marcado el rumbo: preside la comisión de Centros Territoriales y ha anunciado que La 2 emitirá íntegramente en catalán en Cataluña «en un par de años». La televisión pública española, pagada por todos, se convierte así en un nuevo altavoz del nacionalismo.
El reparto de cargos continuó con el fichaje de Eduard Gràcia como consejero de Renfe. Pocos días después, el economista participó en un acto de la Asamblea Nacional Catalana donde cargó contra el Estado y su supuesto boicot al Corredor Mediterráneo. Según Gràcia, el poder central busca impedir el desarrollo económico de la franja Barcelona-Valencia para mantener el control político desde Madrid. Nada sorprendente si se tiene en cuenta que fue miembro del secretariado de la ANC.
El último nombre en sumarse a esta lista ha sido el de Elena Massot, que entrará como consejera independiente en Enagás. La empresaria fue presidenta del lobby separatista FemCat y actualmente dirige la inmobiliaria familiar Vertix. Su nombramiento llega poco después de protagonizar una polémica al proponer en una mesa redonda «dos entradas» en los edificios con vivienda social para evitar la convivencia entre inquilinos pobres y propietarios. Aunque la asociación que representaba se desvinculó de sus palabras, ya era tarde: Massot tenía asegurado su puesto.
Todos estos movimientos apuntan a una misma dirección: el Gobierno de Sánchez paga con poder real la fidelidad parlamentaria de Junts. No se trata ya de cesiones simbólicas, sino de colocar a los independentistas dentro del propio sistema estatal que dicen querer destruir. El separatismo vuelve a hacer política en Madrid, pero esta vez desde dentro de las estructuras del Estado.
