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El tribunal de garantías frena la votación de la reforma

Sánchez acata la decisión del TC y anuncia que adoptará «cuantas medidas se precisen» para poner fin al bloqueo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes en una declaración institucional que «acata» la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir el recurso del Partido Popular y paralizar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Así, Sánchez ha calificado como una «decisión sin precedentes que paraliza la actividad institucional» la decisión del TC de suspender la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados y ha culpado al Partido Popular de no cumplir el mandato constitucional de renovación del órgano de Gobierno de los jueces y el TC. Para el presidente, el único propósito de los popular es «mantener una configuración más favorable para su orientación ideológica«.

Sánchez ha añadido que el PSOE lleva cuatro años pidiendo al PP que cumpla con la Constitución y ha considerado que la decisión adoptada por el tribunal de garantías es un «hecho grave» que «impide a los representantes legítimos que realicen su función de representación, debate y legislación» que no tiene precedente en «ningún otro país europeo«.

Dicho esto, el presidente ha querido enviar un mensaje de «serenidad» y ha afirmado que «acata la decisión tomada por la mayoría conservadora del TC», pero ha incidido en que el Gobierno adoptará «cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del TC y se respete la Constitución».

Sánchez se pronuncia así tras la decisión de anoche del Pleno del TC de paralizar la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos en el Parlamento con el fin de cambiar, por una vía acelerada, el sistema de elección de los candidatos al Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial. El TC admitía así el recurso del PP contra las dos enmiendas que lo hacían posible.

La decisión fue adoptada por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista), la misma mayoría con la que no aceptaron las recusaciones lanzadas por los partidos del Gobierno contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión ténica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.

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