Mientras España sigue sin cuentas públicas para 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido comprometer 10.471 millones de euros extra en gasto militar sin pasar por el Congreso, sin apoyo mayoritario, ni tan siquiera el de su propio socio de coalición. Lo hizo apenas unas horas después de presentar desde la Moncloa su llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, un documento sin respaldo presupuestario y sin previsión de votación parlamentaria.
Ese mismo día, el Senado aprobó una moción del Partido Popular exigiendo al Gobierno la presentación inmediata de los Presupuestos Generales, tal como recoge el artículo 134 de la Constitución. Pero el presidente ignoró el mandato. Lleva más de un año sin comparecer en la Cámara Alta y en el Congreso su partido bloquea cualquier iniciativa procedente del Senado, donde el PP ostenta la mayoría absoluta.
Nada nuevo en un presidente que ya aprovechó la pandemia para cerrar el Parlamento —una medida que luego el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional—, que ha gobernado mediante decretos ley escudándose en la guerra de Ucrania y que se negó a declarar la emergencia nacional por la DANA para evitar el coste político.
Esta vez, Sánchez da un paso más: anuncia una inyección multimillonaria para Defensa con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB en 2025, desde el 1,4% actual. Lo hace después de su viaje a China y con la vista puesta en contentar a la OTAN y a Estados Unidos, recurriendo a las competencias constitucionales cuando conviene, pero saltándose la obligación de consensuar las grandes decisiones de gasto.
El presidente sólo cuenta con el apoyo de 120 diputados del PSOE, cinco del PNV y uno de Coalición Canaria.
Críticas desde todos los frentes
Desde el PP, Alberto Núñez Feijoo ha denunciado que «España necesita un verdadero Plan de Defensa y Sánchez ha presentado uno de autodefensa». Por su parte, el líder de VOX, Santiago Abascal, fue más directo: «¿Va a subir impuestos para poner a nuestros ejércitos al servicio de Ursula o de China?».
Pero también hubo reproches desde sus socios. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusó al presidente de «instaurar tres días de luto por un Papa pacifista y en ese tiempo anunciar 10.000 millones más en armas. Sánchez en estado puro».
El descontento cunde incluso entre sus antiguos aliados. Desde Podemos, Ione Belarra llamó a una gran movilización social contra «el Gobierno de la guerra», acusando a Sánchez y a la ministra de Hacienda de mentir a los ciudadanos al prometer que ese gasto no afectará ni a partidas sociales, ni a cooperación, ni supondrá más impuestos o deuda pública. Tampoco detallaron de dónde saldrá el dinero, más allá de vaguedades sobre fondos europeos sin ejecutar y supuestos ahorros.
Izquierda Unida criticó abiertamente la inversión «militarista» y el hecho de que no se debatiera previamente. Pero la ministra de Más Madrid, Mónica García, intentó suavizar la tensión hablando de «discrepancias sanas».
En Moncloa, sin embargo, restan importancia al conflicto. Fuentes del entorno presidencial lo redujeron a un dato: «Sólo» el 18,75% del plan se destinará a armamento. Y se aferraron al discurso de la amenaza global: «La necesidad es real», insistieron.
Sánchez prevé presentar su plan en el Congreso a comienzos de mayo. Sólo para informar, porque la decisión, como de costumbre, ya está tomada.
