El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a marcar un máximo histórico de opacidad institucional tras denegar 370 solicitudes de información pública en el primer semestre de 2025. Se trata de la cifra más alta desde que existen registros y supone un 71% más que en el mismo periodo del año pasado, según un análisis de The Objective.
Los datos del Portal de Transparencia certifican que el Ejecutivo socialista se ha consolidado como una de las administraciones menos transparentes desde que en 2013 entró en vigor la ley que obliga a facilitar a los ciudadanos información sobre la gestión pública.
Este nuevo récord llega además en el primer semestre completo desde que Moncloa pusiera en marcha su llamado «plan de acción democrático», con el que exige transparencia a los medios de comunicación, pero que contrasta con el hermetismo con el que el propio Gobierno maneja la información.
Durante esos meses estalló el caso Cerdán, que mantiene en prisión al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su implicación en una presunta trama de sobornos para adjudicar contratos públicos. A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan al entorno personal y político de Sánchez: José Luis Ábalos, Koldo García, su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez. Un escenario que, lejos de favorecer la transparencia, ha incrementado el cierre de filas en Moncloa y en los ministerios.
Datos que desmienten el discurso oficial
El semestre confirma la tendencia de Sánchez a superar con holgura las 200 denegaciones anuales. En 2019, primer año completo de mandato, se rechazaron 228 solicitudes; en 2020 fueron 283; en 2021, 419; en 2022, 533; en 2023, 352 y en 2024, 498. Ahora, con 372 negativas en solo seis meses, 2025 apunta a ser el año con más restricciones desde la aprobación de la ley.
La comparación con el Gobierno de Mariano Rajoy resulta demoledora: en 2015 se denegaron 115 solicitudes; en 2016, 106; en 2017, 170; y en 2018, 247 (con Sánchez ya en el poder a partir de junio). En términos semestrales, los números de Rajoy fueron siempre inferiores a los actuales.
Las negativas abarcan todo tipo de cuestiones: desde la venta de armamento a otros países, la publicidad institucional de los ministerios o los datos sobre menores extranjeros ilegales y menores extranjeros no acompañados, hasta la relación con Marruecos, los pliegos de Renfe Viajeros, las contrataciones de Tragsa vinculadas a la ex pareja de Ábalos o los salarios de presentadores de RTVE.
Los ministerios recurren de manera habitual al argumento de la «seguridad nacional» o de los «intereses económicos y comerciales» para blindar datos, aunque también han utilizado justificaciones como la defensa, la confidencialidad en la toma de decisiones o el secreto profesional.
La estrategia es clara: dilatar procesos en los tribunales. Ejemplo de ello es la petición de información sobre las ayudas de la SEPI a Air Europa, bloqueada desde 2021 y aún pendiente de resolverse.
Con este récord de denegaciones, el Ejecutivo socialista sigue afianzando un modelo de opacidad que se contrapone a su discurso sobre transparencia y buen gobierno, y que sitúa a España en mínimos democráticos en cuanto al derecho de los ciudadanos a conocer cómo se manejan los recursos públicos.
