El Gobierno hizo oficiales el jueves las medidas de confinamiento parcial que tendrán que aplicarse en 48 horas en aquellas zonas del país con alta incidencia de COVID-19, entre las que destaca Madrid, que piensa llevar la decisión a los tribunales.
En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Sanidad afirma que las medidas acordadas en la víspera por el consejo interterritorial de salud son de «obligado cumplimiento» para todas las comunidades, incluso para aquellas que votaron en contra como Madrid.
Además, tendrán que ser aplicadas en un plazo de 48 horas tras su notificación formal.
En el transcurso de un pleno de la asamblea regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó las órdenes de Sanidad de «alegales», aunque dijo que las acataría mientras la justicia se pronuncia.
«Esta comunidad no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta… Ahora eso sí, iremos a los tribunales como hicimos con el pase de fase para defender los intereses legítimos de los madrileñoa y que las medidas sean objetivas y justas», dijo la jefa del Ejecutivo regional, mantiendo el pulso con el Gobierno central de coalición de izquierda.
Con la introducción de estas medidas, se restringirán los movimientos de más de 3 millones de habitantes en la capital madrileña y nueve municipios circundantes con al menos 100.000 habitantes. Los ciudadanos sí podrán acudir al trabajo, a la escuela o al hospital, pero verán limitados otros movimientos y sufrirán restricciones de aforo en establecimientos comerciales.
Los parques estarán cerrados, bares y restaurantes adelantarán la hora de cierre a las 11 p.m. y se limitarán las reuniones con carácter general a 6 personas.