Pedro Sánchez mueve ficha para redibujar las reglas del juego electoral. El presidente del Gobierno está ultimando una ofensiva legal que le permitiría controlar aún más el proceso democrático. La hoja de ruta ya está en marcha: rebajar la edad de voto a los 16 años, imponer debates electorales en la televisión pública y obligar a los medios a publicar los microdatos completos de sus encuestas.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley orgánica que da el pistoletazo de salida a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Aunque desde el ala socialista intentan rebajar la urgencia sobre la rebaja del voto a los 16, el Ministerio de Juventud e Infancia confirma que esa es una de las intenciones del Ejecutivo y que se incluirá en la futura Ley de Juventud.
Debate obligatorio en RTVE y control de los sondeos
El plan contempla que todos los partidos con representación estén obligados a participar en al menos un debate televisado en los medios públicos durante cada campaña. Será la Junta Electoral —de creciente politización— la que decida qué partidos pueden evitarlo y cuáles son considerados «grupos políticos significativos».
Además, el Gobierno quiere imponer que los medios de comunicación que publiquen encuestas durante campaña electoral difundan también los microdatos completos de esos sondeos. Así, Moncloa pretende fiscalizar y condicionar los estudios demoscópicos que no se alineen con su discurso.
Rebajar el voto a los 16 años
Reducir la edad de voto ha sido una vieja aspiración de la izquierda. El PSOE lo incluyó por escrito en su último congreso federal y Sumar lo llevaba en su programa. El Ministerio de Sira Rego trabaja ya para llevar la propuesta al Congreso antes de fin de año. El pretexto es «ampliar la participación juvenil«. Pero la intención es abrir la puerta a nuevos votantes en una franja que históricamente ha sido movilizada por consignas emocionales y discursos progresistas.
Sin embargo, los datos contradicen ese cálculo. Según un estudio del Instituto de la Juventud de 2017 —la última encuesta oficial sobre orientación ideológica de adolescentes— el 57,6% de los jóvenes de entre 15 y 19 años se situaba entre el 5 y el 10 en la escala ideológica, es decir, en el centro y la derecha. Y el fenómeno no es exclusivo de España. Un análisis reciente del think tank francés Fondapol reveló que los jóvenes europeos entre 18 y 24 años tienden más hacia la derecha que incluso los mayores de 65.
Modificaciones técnicas con trampa: proporcionalidad, escaños y Ley d’Hont
Pero la reforma electoral no se queda ahí. Moncloa contempla cambios más profundos que afectarían al reparto de escaños en el Congreso. Uno de los planes que barajan los asesores de Sánchez pasa por eliminar la representación mínima de dos diputados por provincia y dejar sólo uno, lo que reduciría de 102 a 52 los escaños asignados de forma igualitaria y aumentaría la proporcionalidad en favor de las grandes circunscripciones, donde el PSOE y sus socios se sienten más cómodos.
Este ajuste no requeriría una reforma constitucional, solo mayoría absoluta en el Congreso. Además, se plantea sustituir el sistema actual de reparto de escaños (Ley d’Hont) por métodos como el Sainte-Laguë o el Hare, que darían más peso a los partidos minoritarios de izquierda. También estudian aumentar el número total de diputados de 350 a 400, el máximo que permite la Constitución, lo que supondría una Cámara más grande, más costosa y con más escaños a repartir entre los socios del sanchismo.
Sánchez presenta esta batería de reformas como una respuesta a las recomendaciones de Bruselas para mejorar la transparencia democrática. Pero la realidad es que se trata de una jugada medida, diseñada para afianzar su control del sistema electoral, condicionar a los medios, debilitar a la oposición y reforzar el poder del bloque de izquierda y separatistas que lo sostiene en La Moncloa.
