El Gobierno de España ha encontrado en el separatismo su mejor socio, y en la Constitución su primer enemigo. El pasado miércoles, tras varios errores informáticos, retrasos en las votaciones, cruce de llamadas y la inestimable colaboración de la presidenta socialista del Congreso, el PSOE salvó dos de sus tres decretazos gracias a Junts.
El pleno, que se desarrolló en un ambiente casi circense —tal y como denunciaron numerosos diputados—, terminó con jolgorio en las bancadas de la izquierda, pero mayor fue la alegría en Waterloo: en la prórroga de las negociaciones la Moncloa consiguió que Junts se ausentara del debate y no votase, ni a favor ni en contra. Una ausencia que, lejos de agradecer todos los españoles, significa una lista de nuevas cesiones al separatismo y la enésima burla de Pedro Sánchez a la Constitución Española.
Así, pocos minutos después del pleno Junts anunció que el Gobierno delegará «integralmente» las competencias de inmigración en Cataluña a la Generalidad. Una cesión que choca frontalmente con el artículo 149.2 de la Constitución Española, que otorga al Gobierno central la «competencia exclusiva» de las políticas relacionadas con la «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».
Ahora según el partido separatista esta nueva cesión a Cataluña, a cambio de un puñado de ausencias, se dará a través del artículo 150.2 de la Constitución. En concreto, el artículo reza: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».
Esta fórmula, que requiere de la aprobación de una ley orgánica, ya se ha utilizado en otras ocasiones para transferir a las comunidades autónomas competencias como Sanidad o Educación. Sin embargo, según expertos juristas las políticas de inmigración no son susceptibles de ser cedidas a los gobiernos autonómicos puesto que así lo explicita el citado artículo 149.2 de la Carta Magna.
La exigencia de los separatistas de Junts ha sido sorprendente para muchos pero no para ciertos sectores políticos y judiciales, que advierten de la gravedad de la nueva cesión de Moncloa. No es sólo la última cacicada de Sánchez. «Esto es reconocer, de facto, la independencia de Cataluña. El control de la inmigración es el control de las fronteras exteriores, que no pueden estar bajo el control de una Policía regional», han reconocido fuentes consultadas.
