El precio del aceite de oliva continúa en ascenso, se ha encarecido un 5% entre los pasados meses de junio y julio y acumula una subida del 38,8% en el último año, según el Índice de Precios al Consumo (IPC), hasta alcanzar un precio medio en su variedad virgen de 9,40 euros el litro.
La sucesión de malas cosechas debido a la sequía y las altas temperaturas, los excesivos aumentos en los costes de producción y la falta de ayudas por parte del Ejecutivo Central están agravando una situación que los agricultores y los consumidores consideran insostenible.
La falta de agua redujo la producción de la pasada campaña a unas 660.000 toneladas, menos de la mitad que la anterior, y para la que viene la previsión de los olivareros es que sea igual de baja o incluso menor si no llueve este otoño, por lo que si el producto escasea los precios seguirán al alza. Sin embargo, los representantes del sector coinciden en que, pese a que los precios están más altos, en nada se están beneficiando los agricultores, ya que con tan poca cosecha no pueden compensar los elevados costes que pagan para producir.
«Siempre hemos reivindicado, y más ahora en un escenario de precios como el que tenemos, la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y un observatorio de precios y de márgenes comerciales que reconozca el trabajo de cada uno de los eslabones de la cadena», señalan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Los responsables del sector insisten en que, aunque favorables, las ayudas indirectas, como la aplicación de la reducción del IVA, son insuficientes, y piden ayudas de tipo directo por parte del Gobierno, como las concedidas al sector agrícola y ganadero.
Además de la petición al Ejecutivo Central, los agricultores han comenzado a señalar a Bruselas como otro de los culpables de la situación. «Y además tenemos que lidiar con la falta de reciprocidad a la que nos condena Europa por imponernos unas reglas del juego diferentes a las de terceros países», indicó hace sólo unos días el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu.
En el pasado mes de noviembre, a las desfavorables circunstancias anteriormente citadas para el sector olivarero, la Unión Europea añadió un agravio comparativo. El bloque comunitario firmó un acuerdo con Marruecos, apoyado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por valor de 115 millones de euros para impulsar el sector agrícola y forestal del país del norte de África, a través del programa Tierra Verde.
Entre los cultivos beneficiados por el acuerdo se encuentra el olivar; Bruselas y el reino de Mohamed VI acordaron la plantación de 600.000 olivos de más de ocho variedades diferentes antes del año 2030, con el objetivo de que incrementara su volumen de producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa.
Por si esto fuera poco, los productores también se enfrentan a otras prácticas de comercialización ventajosas en otros mercados: la mezcla del aceite de oliva con otras grasas, como la de girasol, una práctica que está prohibida en España pero que sí es legal en otros países europeos. «Puede llegar a producirse una venta engañosa y camuflada en supermercados promovida por envasadores extranjeros para abaratar el precio y atraer consumidores», explican desde Asaja.
