La presunta trama de corrupción que afecta al PSPV salpica al Gobierno de Zapatero y ya ha sido comparada por su estructura y complejidad a la Gürtel del PP.
‘’Todos los partidos se financian de la misma forma, es un secreto a voces’’. Estas palabras fueron pronunciadas por Francisco Correa el pasado mes de febrero durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la obtención de fondos del Partido Popular.
Las palabras de Correa cobran relevancia hoy. Ahora mismo se está juzgando la pieza política de los ERE andaluces, Marjaliza -cerebro de la Púnica- reconoció hace escasas semanas haber costeado las campañas de PSOE, PP e IU; el caso De Miguel ahoga a un sector del nacionalismo vasco, y qué decir del neoindependentismo catalán que ha intentado esconder sus vergüenzas bajo la estelada.
Pero las horas de televisión y las páginas de medios que se dedican a estas tramas no llegan ni a la cuarta parte de las empleadas en airear las corruptelas del PP. Estos días ha quedado más patente que nunca. Cifuentes mintió a toda la opinión pública sobre su máster fraudulento -otra forma de corrupción- y se niega a dimitir. Su caso, destapado por el diario de Escolar -algunos dicen que por un chivatazo de un militante socialista, otros apuntan a fuego amigo-, nutre la agenda mediática de las últimas semanas.
Ya hay quien la ha apodado como la ‘Gürtel’ del PSOE valenciano. Estas son algunas claves para entender las dimensiones de la causa que afecta al partido que dirige Pedro Sánchez:
¿Quién lo destapa y qué se investiga?
Todo parte de una documentación que presenta el Partido Popular en 2016 en una comisaría de Policía de Valencia. Desde hace algo más de un año, como destapó El Mundo a finales de este mes de marzo, la Justicia está investigando al PSPV y al Bloc por la supuesta financiación ilegal de la campaña de las autonómicas de 2007, a las que concurrieron Joan Ignasi Pla y el actual presidente de las Cortes, Enric Morera.
Los delitos investigados son, además de los electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos entre los años 2007 y 2011. A pesar de que la posible financiación ilegal de la campaña haya prescrito, los otros delitos no.
¿Por qué ha tardado tanto en conocerse?
La Policía lleva investigando la presunta trama desde 2016 y la Justicia incoó diligencias hace más de un año. Sin embargo, la noticia se filtró a la prensa en 2018, casi dos años después. La causa está bajo secreto de sumario y se desconoce por el momento quién está imputado. A diferencia de lo que ocurre con los procedimientos abiertos contra miembros de otros partidos, las filtraciones en este caso han llegado tarde y a cuentagotas.
El PP quiere que la causa se eleve a la Audiencia Nacional ya que son varios los juzgados de Madrid, Gandia (Valencia) y Benidorm (Alicante) los que investigan la supuesta financiación ilegal.
¿Por qué la Gürtel valenciana?
A pesar de que Ximo Puig rechaza llamarla ‘trama’, la complejidad de la misma y la documentación aportada por el citado diario la dota de las características necesarias para bautizarla como tal, por mucho que al actual presidente valenciano no le agrade lo más mínimo.
Algunos ya la han apodado como la ‘Gürtel valenciana’ por las similitudes que presentan: una agencia de comunicación –Orange Market en caso del PP y Crespo Gomar en el del PSOE- que factura a otras compañías los servicios que realmente presta a los partidos políticos, financiando sus campañas y actos electorales. Es decir, la agencia crea facturas falsas para justificar el desvío de dinero que realmente acaba en las formaciones -PP en caso de Gürtel y PSOE y Bloc en caso de Crespo Gomar-.
Zapatero y su Gobierno, salpicados
La documentación investigada por los jueces incluye varias facturas pertenecientes a tres actos organizados por los socialistas valencianos en los que participó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Crespo Gomar, supuestamente, también trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.
Por último, la investigación también apunta al malogrado plan-E impulsado por el Gobierno socialista. Crespo Gomar habría recibido cerca de 300.000 euros del citado programa para colocar 19 opinómetros en Benidorm. A pesar de no ofrecer las ofertas más ventajosas o de incumplir los requisitos concursales, la estructura societaria cobijada bajo el grupo Crespo Gomar obtenía los contratos público.
Comisión de investigación
Cabe resaltar que el Partido Popular ha pedido la inclusión de esta supuesta trama corrupta en la comisión de investigación que analiza la financiación de los partidos en el Senado. Los populares llamarán a declarar, además de dirigentes del PSPV y del Bloc, a exministros como Cristina Narbona, e incluso se plantean hacer comparecer a Zapatero.
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