La investigación se centra en 28 ayudas para la cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a empresas y entidades, algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCAT (antigua CDC).
Cinco de los treinta detenidos este jueves en el marco de la operación Estela, contra una trama de desvĆo de subvenciones de la Diputación de Barcelona para cooperación y desarrollo internacional, han pasado este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción nĆŗmero 1 de la capital catalana.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la PolicĆa Nacional, que investiga a esta red por los presuntos delitos de malversación, falsedad, prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y fraude en subvenciones, por un montante de mĆ”s de dos millones de euros, dejó en libertad a la mayorĆa de los detenidos, mientras ha puesto este viernes a disposición judicial a cinco de ellos.
Se trata de Joan Carles Garcia CaƱizares, diputado de la Diputación de Barcelona y alcalde de Tordera, Jordi Castells MasanĆ©s, subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jonathan Jorba, jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, VĆctor Terradelles, presidente y patrón de la Fundació CATmón, y Joaquim Ferrer Serra, director de Pimec hasta 2014.
Estos cinco detenidos han sido conducidos en dos furgones policiales desde la comisarĆa de la Verneda de Barcelona hasta el juzgado de Instrucción nĆŗmero 1 de la capital catalana para ser interrogados por el juez JoaquĆn Aguirre, que instruye la causa.
20 registros en oficinas y domicilios
En la macrooperación policial que tuvo lugar este jueves, se practicaron 20 entradas y registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la Fundació CATmón, en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras localidades.
El juez inició su investigación a raĆz de una denuncia anónima que se remitió a los juzgados de Barcelona poco despuĆ©s de que CiU asumiera por primera vez la presidencia de la Diputación de Barcelona, en 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de subvenciones procedentes de los fondos para cooperación internacional y desarrollo de la corporación.
La investigación, que ha llevado a cabo en los últimos dos años la UDEF, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones a entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a ningún proyecto de cooperación.
28 ayudas bajo sospecha
En concreto, la investigación se centra en 28 ayudas para la cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a empresas y entidades -algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCAT, según el juez-, en unos procesos de adjudicación que adolecen de numerosas irregularidades.
En algunos casos, según detalla el juez en sus autos, las memorias presentadas para justificar las subvenciones no eran mÔs que «meras copias» de documentos de internet, las ayudas eran cobradas por una misma persona empleando dos identidades y las empresas perceptoras se crearon poco antes de que se otorgara la ayuda.
Otras irregularidades que menciona el juez es que se utilizaron actas sin firmar para justificar reuniones en el extranjero, se pagaron subvenciones dos años antes de la aprobación del proyecto por la corporación provincial y que se presentaron y pagaron las facturas antes de la entrega del trabajo.
Uno de los detenidos este jueves y que posteriormente quedó en libertad fue el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve, quien declaró a los periodistas que estaba «muy tranquilo» ante las acusaciones de fraude y aseguró que todas las ayudas económicas acordadas en su mandato pasaron «todos los controles».
En la misma lĆnea, la actual presidenta de la Diputación, MercĆØ Conesa, tambiĆ©n del PDeCAT, denunció en rueda de prensa la Ā«indefensiónĀ» sufrida por el ente provincial, defendió la Ā«honestidadĀ» de su antecesor y negó cualquier desvĆo de fondos.
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La CUP denunció en 2016 la trama de la Diputación de Barcelona