El Supremo ha decidido mantener al golpista en prisión provisional, según ha comunicado VOX, que ejerce la acusación popular.
El juez del caso abierto en el Supremo por el «procés» hacia la Declaración Unilateral de Independencia, Pablo Llarena, ha hecho caso omiso a la petición de la Fiscalía, que este martes pidió libertad con fianza de 100.000 euros para el exconsejero de Interior Joaquim Forn, por orden expresa del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, según fuentes jurídicas, y ha decidido mantener al golpista en prisión provisional, siguiendo el criterio de la acusación popular ejercida por VOX.
«La información que tenemos en este momento y que esperamos que nos la notifiquen a lo largo del día es que la sala de apelaciones ha resuelto en el sentido de que Joaquim Forn tiene que permanecer en prisión provisional (…) entendiendo que se dan los requisitos de riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga«, ha dicho a los medios Javier Ortega, secretario general de la formación.
Forn y el candidato de JxCat a la investidura, Jordi Sànchez, recurrieron ante el alto tribunal los autos de prisión dictados en el marco de la causa seguida en el Supremo por el «procés» hacia la Declaración Unilateral de Independencia.
Según fuentes de las defensas presentes en la comparecencia, el fiscal Fidel Cadena justificó esta decisión siguiendo «instrucciones directas» de la Fiscalía General del Estado y, al respecto, ha invocado el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el que acata «por imperativo legal» la orden de Sánchez Melgar. Dicho artículo establece que «el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos».
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles que la decisión de permitir la libertad provisional del hasta ahora candidato de Junts per Catalunya a la Generalitat, Jordi Sànchez, «corresponde a los jueces», que son los únicos con «capacidad para tomar esas decisiones».
En los pasillos del Senado, se ha referido a la declaración de Sànchez ante el Tribunal Supremo, donde se ha mostrado dispuesto a renunciar a su escaño en el Parlament, e incluso a abandonar la política, si fuera necesario para salir de la cárcel. Ha señalado el ministro que si él considera que esta declaración «ayuda en su defensa, tendrá que elegir cuál es su estrategia de futuro», pero en todo caso ha remarcado que «estas decisiones de prisión provisional o libertad es al juez a quien le corresponden».
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