Hace un año, Salvador Illa fue investido presidente de la Generalidad. El regreso de un gobierno «no independentista» al Palau tras más de una década se vendió como un hito político, pero pronto quedó claro que su llegada respondía a una operación pactada por Pedro Sánchez para colocar a su escudero más fiel en Cataluña con un objetivo muy concreto: ceder ante ERC para asegurar la “paz parlamentaria” en Madrid.
En estos doce meses, Illa ha gobernado atado por dos acuerdos de investidura —uno con ERC y otro con los Comunes— que han dictado su hoja de ruta. Ambos partidos han actuado como auténticos controladores de su mandato, imponiendo exigencias en materia fiscal, de vivienda y de competencias que terminaron por dinamitar los Presupuestos. El rechazo de sus socios a las cuentas públicas supuso el primer gran fracaso del presidente y dejó al Gobierno regional sin rumbo, sobreviviendo a base de equilibrios imposibles y suplementos de crédito en el Parlamento más inestable de la historia reciente.
La concesión estrella a ERC fue el acuerdo de financiación singular para Cataluña, con el aval de PSC y PSOE, que sienta las bases de una Hacienda catalana con capacidad para recaudar todos los impuestos. Una cesión de máximos que, aunque pospuesta hasta 2028 y aún sin encaje constitucional claro, supone un paso hacia un modelo de “cupo catalán”. A ello se suman el traspaso de Rodalies mediante una empresa mixta y la negociación para dar a los Mossos competencias en puertos y aeropuertos, demandas históricas del independentismo más radical.
Por su parte, los Comunes han impuesto una agenda intervencionista que ha golpeado la propiedad privada y el clima empresarial: regulación del alquiler de temporada, endurecimiento de controles al alquiler habitual, sanciones a propietarios y eliminación de beneficios fiscales para el proyecto del Hard Rock. Además, han promovido subidas de impuestos bajo la etiqueta de “justicia fiscal” y han bloqueado los Presupuestos cuando sus exigencias no se cumplían.
Illa ha tratado de contrarrestar esta imagen con gestos de institucionalidad: reuniones con el Rey, asistencia al 12 de Octubre y un discurso de firmeza frente a la delincuencia con planes como Kanpai, la ampliación de la plantilla de los Mossos y actuaciones en los barrios más castigados. En el ámbito económico, ha intentado acercarse a las patronales y ha impulsado la ampliación de El Prat, en contra de ERC y Comunes, lo que ha sido bien recibido por el empresariado. Incluso algunas grandes compañías —como Ciments Molins, Banco Sabadell, Criteria Caixa y la Fundación Bancaria La Caixa— han devuelto su sede a Cataluña.
Sin embargo, un año después, Illa sigue atrapado entre el separatismo al que debe obediencia, la izquierda radical que marca su agenda y un electorado moderado que esperaba estabilidad. El autoproclamado “Govern de tothom” ha acabado convertido en un ejercicio de funambulismo político que no contenta a nadie.
