Un informe del centro de análisis Funcas ha advertido de que detrás de la regularización masiva anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez podría haber más de 840.000 ilegales y, en cuestión de un año, podrían llegar a los dos millones por la reagrupación familiar, una cifra sensiblemente superior a la manejada oficialmente por el Ejecutivo adelantada por @merogos_ en X.
Mientras el Gobierno sitúa en torno a 500.000 el número de personas que podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria en estudio, diversos análisis demográficos y económicos apuntan a que la población extranjera en situación administrativa ilegal en España es bastante mayor. En concreto, Funcas estima que a 1 de enero de 2025 residían en el país alrededor de 840.000 inmigrantes sin permiso de residencia en vigor.
La diferencia entre ambas cifras no es menor y responde, según los expertos, a criterios distintos de medición. El cálculo del Ejecutivo se basa en el número aproximado de personas que cumplirían los requisitos previstos para acceder a la regularización, como un determinado tiempo de permanencia en España, la ausencia de antecedentes penales o la acreditación de arraigo. Por el contrario, la estimación de Funcas mide el volumen total de población en situación ilegal, con independencia de que finalmente pueda o no acogerse al proceso administrativo.
Este desfase explica por qué desde algunos ámbitos se advierte de que el impacto real de la regularización podría ser mayor de lo inicialmente anunciado. Aunque no todos los inmigrantes contabilizados por Funcas acabarían obteniendo los papeles, el informe sugiere que la «bolsa» de personas potencialmente afectadas por la medida es mucho más amplia de lo que reflejan las cifras oficiales.
Las estimaciones del centro de análisis han sido recogidas por diversos medios nacionales e internacionales, que subrayan la distancia entre el discurso del Gobierno y los estudios independientes. Agencias de noticias y periódicos de referencia coinciden en señalar que el dato de Funcas sirve para contextualizar el fenómeno migratorio irregular en España y para dimensionar el alcance social y económico de una eventual regularización masiva.
En este contexto, el debate no gira sólo en torno a cuántas personas podrían regularizar su situación, sino también sobre los efectos que una medida de este calibre tendría en el mercado laboral, los servicios públicos y el sistema de protección social. Un debate que, a la luz de los datos disponibles, seguirá marcado por la coexistencia de dos cifras clave: la de los potenciales beneficiarios que maneja el Gobierno y la del volumen total de inmigrantes irregulares que estiman los estudios independientes.
