El Consejo ha remitido un escrito a la jueza instructora elaborado por un perfil técnico y no político en el que se señala que no hay «información» sobre la puesta en marcha del Plan ante riesgo de inundaciones el día de la riada que arrasó buena parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024. El documento, firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, podría modificar sustancialmente el rumbo de la investigación judicial.
Lejos de tratarse de una declaración política, el informe fue redactado por un técnico de carrera, como recuerdan fuentes conocedoras del expediente, y detalla minuciosamente los hechos ocurridos durante aquella jornada en la que la catástrofe dejó 228 víctimas mortales y un impacto económico y social devastador.
En su exposición, Suárez describe cómo a las 11:30 horas de ese día se consultó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Desde este organismo se trasladó que se activaría una alerta amarilla en la cuenca del río Magro. Según su valoración, el caudal del río alcanzaba entonces los 350 metros cúbicos por segundo, pero no se preveían consecuencias graves porque las lluvias habían perdido intensidad y el río Júcar podía asumir ese volumen sin desbordarse aguas abajo.
El texto también aporta contexto legal sobre cómo se reparten las competencias en situaciones de emergencia en el Estado español. Citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 1991, Suárez recuerda que la gestión de Protección Civil es una responsabilidad compartida entre las administraciones central, autonómica y local. En este modelo, el Estado tiene funciones clave como legislar, establecer directrices, diseñar planes estatales y, llegado el caso, asumir la coordinación de medios extraordinarios o la dirección de la emergencia si esta adquiere carácter nacional.
Este planteamiento puede poner en jaque la estrategia adoptada hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha centrado el foco de la responsabilidad en la Generalidad Valenciana, y más concretamente en su presidente, Carlos Mazón. La tesis del Ejecutivo central ha sido señalar que toda la operativa aquel día —incluida la coordinación de medios y la activación de planes de emergencia— correspondía íntegramente al ámbito autonómico.
En paralelo, entidades estatales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la propia CHJ han intentado mantenerse alejadas del foco mediático y judicial, pese a ser actores clave en la cadena de decisiones. No obstante, con este nuevo informe técnico ya en manos de la jueza de Catarroja, ese reparto de responsabilidades podría abrirse a revisión, y con ello, la narrativa institucional construida en los meses posteriores al desastre.
