Un hombre de más de 70 años ha lamentado la indefensión en la que asegura encontrarse tras la ocupación ilegal de su vivienda en el barrio del Secar de la Real. Jubilado y propietario del inmueble, denuncia que el marco legal actual ampara al ocupante y deja al dueño sin herramientas eficaces para recuperar su casa en un plazo razonable, según avanza Diario de Mallorca.
El afectado, Fernando —nombre ficticio—, explica que el pasado 6 de diciembre acudió a la vivienda con la intención de realizar trabajos de pintura y se encontró con una situación inesperada: una alarma se activó y, en cuestión de segundos, apareció un desconocido que afirmaba residir allí. Según su relato, la Policía acudió al lugar, pero no pudo proceder al desalojo porque el ocupante presentó un contrato de seguridad con una antigüedad superior a las 48 horas.
Ese documento, firmado con Movistar Prosegur, fue clave para frenar la actuación policial. Fernando sostiene que la instalación del sistema de videovigilancia se habría realizado de forma irregular, ya que la normativa vigente exige comprobar que quienes contratan estos servicios son los legítimos moradores del inmueble, algo que —afirma— no se habría verificado en este caso.
Convencido de que la ley juega en su contra, el propietario asegura haber estudiado con detalle la legislación y los decretos recientes en materia de vivienda. A su juicio, el resultado es un sistema mal diseñado que protege al ocupante y castiga al dueño. Llega a comparar la situación con la aviación, señalando que si los protocolos técnicos de los aviones se elaboraran con el mismo descuido, volar sería imposible.
Fernando describe al okupa como una persona con recursos económicos, que conduce un vehículo de alta gama y que, según le manifestó, no tiene intención alguna de abandonar la casa. Incluso relata que rechazó una oferta de 10.000 euros para marcharse de inmediato, asegurando disponer de dinero suficiente para permanecer allí el tiempo que haga falta. «Actúa con una sensación de impunidad absoluta», lamenta.
El propietario también apunta a la existencia de un mercado clandestino de llaves y accesos a viviendas. Según le explicó el propio ocupante, habría pagado alrededor de 1.000 euros por las llaves del inmueble. Fernando sospecha que procedían del anterior inquilino, que dejó la casa un mes antes tras acumular meses de impagos y causar importantes desperfectos.
