Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona ha anulado la sanción lingüística impuesta a una cafetería de Sitges por atender en castellano. El fallo judicial considera que una denuncia genérica no puede servir como base suficiente para incoar un expediente sancionador con las debidas garantías.
La resolución supone un respaldo jurídico para los comerciantes que optan por expresarse en español en sus negocios, en un contexto donde proliferan las denuncias impulsadas mediante formularios estandarizados. Según Convivencia Cívica Catalana (CCC), asociación que recurrió la multa, esta decisión «refuerza la seguridad jurídica de los profesionales» y consolida la idea de que la elección del idioma en una relación privada entre cliente y comerciante forma parte de la esfera personal de libertad.
La organización, además, ha anunciado que intensificará su campaña de asesoramiento a los afectados y ha llamado a recurrir «todas las sanciones derivadas de delaciones lingüísticas promovidas por colectivos separatistas». Para su presidente, Ángel Escolano, imponer el uso de una lengua oficial sobre otra en el ámbito privado «es incompatible con los derechos fundamentales» y constituye «una intromisión inadmisible en la libertad de los ciudadanos».
Escolano equiparó la elección de idioma en un negocio a aspectos íntimos de la vida personal, como la religión o la orientación sexual. «Ninguna administración democrática puede obligar a un comerciante a expresarse en una lengua determinada; sostener lo contrario y fomentar denuncias contra quien emplea el castellano en su propio establecimiento es propio de regímenes totalitarios», afirmó.
Desde CCC subrayan que el papel de la Administración debería limitarse a garantizar que la población conozca tanto el catalán como el castellano, pero nunca a penalizar su uso legítimo. Por ello, animan a todos los empresarios que afronten expedientes por motivos lingüísticos a ponerse en contacto con la entidad para defender sus derechos ante los tribunales.
