El círculo familiar del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, hoy en prisión provisional por corrupción, sigue estrechándose. Antonio Muñoz Cano, cuñado del dirigente socialista, estuvo en nómina de Servinabar 2000 SL —la constructora favorecida por el Gobierno de Navarra de María Chivite— entre 2019 y 2022. En ese periodo cobró 61.669 euros brutos, según ha revelado El Confidencial.
Servinabar 2000 SL se encuentra bajo investigación del Tribunal Supremo por el presunto pago de comisiones ilegales. Fue adjudicataria de los contratos de obra pública más cuantiosos del Ejecutivo foral socialista, y la UCO ya ha hallado indicios de criminalidad contra Cerdán, imputado por cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal.
La red familiar alcanza a otros allegados del político. Como ya adelantó este medio, María Belén Cerdán León, hermana de Santos Cerdán y actual concejala del PSOE en Milagro, trabaja para Servinabar desde 2020. Ha cobrado al menos 244.200 euros de la constructora, primero como trabajadora autónoma y luego a través de una asesoría.
Antonio Muñoz Cano, cuyo DNI termina en 773H, entró en Servinabar en 2019, cobrando ese año 3.363 euros. En 2020 recibió 16.255 euros, en 2021 la cifra ascendió a 21.233 euros y en 2022 percibió otros 20.818 euros. La relación de parentesco ha sido acreditada: está casado con una hermana de la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz Cano. El matrimonio reside en Milagro (Navarra), aunque ambos proceden de Los Corrales, en Sevilla.
A pesar de su vinculación con la constructora, en el perfil de Facebook de Muñoz Cano no figura ninguna referencia a Servinabar ni a haber residido en Navarra. Afirma dedicarse al sector de la construcción y haber vivido en Palma de Mallorca. En 2018 aprobó el A2 de catalán bajo el Gobierno balear de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.
El 10 de junio, la UCO registró las oficinas de Servinabar en Pamplona. En el domicilio de Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador único de la empresa, hallaron un contrato privado firmado en 2016 por el que Santos Cerdán pasó a controlar en secreto el 45% de la empresa. Tras ello, la empresa comenzó a recibir contratos públicos del Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai) y, desde 2019, del Ejecutivo de María Chivite.
Entre los proyectos adjudicados destacan las reformas del Archivo de Navarra, el pabellón Navarra Arena o promociones de VPO en Pamplona. Pero el contrato más polémico fue adjudicado en 2023: las obras de los túneles de Belate, valoradas en 76 millones de euros, en un proceso lleno de irregularidades y entregado por Óscar Chivite, tío de la presidenta, a una UTE formada por Servinabar, Acciona y otra empresa local.
La trama se extiende también al círculo de confianza de Chivite. Ramón Alzórriz, su mano derecha, dimitió el pasado junio como portavoz socialista en el Parlamento navarro tras conocerse que su pareja, Diana Eneriz Veisa, cobró 102.834 euros de Servinabar entre 2021 y 2024. Ninguno de los dirigentes socialistas reconoció la vinculación de sus familiares con la empresa, ni siquiera cuando estalló el caso Koldo o tras la adjudicación del polémico contrato de Belate.
Pese a las evidencias, el Gobierno de Pedro Sánchez defendió públicamente a Cerdán cuando El Confidencial reveló los primeros indicios de amaño de contratos en marzo. Ahora, los lazos familiares y económicos entre el PSOE y una constructora beneficiada por millones en contratos públicos siguen aflorando.
