Un tribunal de Bruselas ha dictaminado que el alcalde de Saint-Josse-ten-Noode prohibió ilegalmente la Conferencia Nacional de Conservadurismo (NatCon) el año pasado, una decisión que supone un duro revés judicial para la autoridad local que trató de clausurar un acto político recurriendo a poderes policiales sin base suficiente.
La resolución, emitida por el Tribunal de Primera Instancia francófono de la capital belga, anula el decreto con el que Emir Kir vetó la celebración del encuentro organizado por MCC Bruselas los días 16 y 17 de abril de 2024. Según el fallo, la medida vulneró los derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión, al no existir una justificación real que amparara la prohibición.
Kir alegó motivos de seguridad para impedir la conferencia, pero los jueces concluyen que no aportó pruebas concretas ni exploró alternativas menos restrictivas. En lugar de garantizar la protección del evento frente a posibles protestas, optó directamente por cancelarlo, una actuación que el tribunal considera incompatible con un Estado de derecho.
La sentencia se suma a dos decisiones previas del Consejo de Estado belga dictadas en 2024, tanto en un procedimiento de urgencia como en el examen de fondo, que ya habían dado la razón a los organizadores. Con este nuevo pronunciamiento, tribunales de las dos comunidades lingüísticas del país coinciden en una misma tesis: las autoridades no pueden cerrar actos legales simplemente porque resulten incómodos o polémicos.
Los magistrados subrayan además que la obligación de los poderes públicos no se limita a evitar restricciones arbitrarias, sino que incluye adoptar medidas razonables para que los derechos puedan ejercerse efectivamente. Si existe riesgo de altercados, corresponde al Estado gestionarlo con dispositivos proporcionados, no eliminar el evento para evitarse problemas.
En el caso de NatCon, la comuna impuso un veto general sin demostrar que el orden público no pudiera mantenerse. No presentó informes operativos ni datos que acreditaran la imposibilidad de vigilar la reunión. El tribunal rechaza de plano esta lógica preventiva, conocida como «veto del provocador», por la cual las amenazas de terceros sirven de excusa para silenciar una convocatoria legal.
La resolución declara ilegal el decreto policial y reconoce la responsabilidad civil del Ayuntamiento, al que condena a abonar un euro simbólico por daños morales y a asumir las costas procesales. Aunque la cuantía es mínima, el alcance jurídico es significativo: se establece que la censura no puede camuflarse bajo argumentos de orden público.
El fallo también despeja cualquier duda sobre la actuación de los organizadores. Los jueces descartan que MCC Bruselas contribuyera a la prohibición o que la conferencia supusiera un peligro intrínseco para la seguridad, confirmando que el evento se desarrollaba dentro de la legalidad.
