La participación de una consejera de Red Eléctrica de España en un acto de Greenpeace contra la energía nuclear ha añadido tensión al ya enconado conflicto del sector eléctrico, justo cuando las grandes compañías esperan una decisión clave sobre la continuidad de la central de Almaraz, en Extremadura. El episodio se produce en Madrid, en pleno enfrentamiento entre eléctricas y operadores del sistema, con el Gobierno como telón de fondo y con el calendario de cierre nuclear como una de las decisiones más sensibles del momento.
El sector eléctrico atraviesa días de máxima fricción. El reparto de responsabilidades por el reciente apagón y el debate sobre la solidez de las redes han consolidado dos bloques claramente enfrentados. De un lado, las grandes eléctricas, con Iberdrola como actor principal y con el presidente Ignacio Sánchez Galán como voz más visible. Del otro, Redeia, matriz de Red Eléctrica de España, bajo la presidencia de Beatriz Corredor.
En medio de ese choque frontal, la economista Natalia Fabra, consejera de Red Eléctrica desde junio y considerada una figura próxima al entorno de la vicepresidenta Teresa Ribera, decidió intervenir por iniciativa propia en un acto organizado por Greenpeace contra la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. El gesto no ha pasado desapercibido en un momento en el que el futuro de Almaraz, primera en el calendario de cierres, sigue abierto.
Su presencia ha incrementado el malestar de Iberdrola, Endesa y Naturgy con Red Eléctrica, justo cuando estas compañías aguardan el pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la solicitud para extender la operación de Almaraz hasta 2030.
Según detalla El Confidencial, incluso dentro del propio regulador nuclear existen recelos por lo que consideran interferencias impropias. El CSN trabaja con plazos muy ajustados para emitir en verano el informe técnico que permitiría tres años adicionales de funcionamiento a los dos reactores, un documento clave para una decisión con consecuencias económicas, energéticas y políticas.
La controversia se intensifica por la posición de Red Eléctrica en este procedimiento. La Ley del Sector Eléctrico establece que cualquier cierre debe contar con autorización administrativa y con un informe técnico previo de REE sobre la seguridad y la viabilidad del sistema. En ese contexto, la toma de posición pública de una consejera de Redeia supone desautorizar de facto a sus propios equipos técnicos, tanto si el escenario final es el cierre como si se opta por una prórroga.
En el sector nadie se sorprende por la postura personal de Fabra, históricamente contraria a la energía nuclear y defensora de las renovables y del gas. El problema, señalan técnicos y directivos, es que ahora representa a una empresa clave en una decisión de enorme impacto, con el Estado como principal accionista de Redeia, con un 20% a través de la SEPI.
Durante la presentación del estudio de Greenpeace, liderado por el catedrático Eloy Sanz, Fabra sostuvo que la extensión de la generación nuclear desincentiva la inversión en renovables al alterar los precios del mercado. La organización ecologista cifró en 3.800 millones de euros el coste que tendría para la ciudadanía una simple prórroga de Almaraz, apoyándose en un estudio reciente de la propia Fabra.
Ese trabajo académico sostiene que la continuidad de la central extremeña reduciría los precios capturados por la fotovoltaica y la eólica, aumentaría los vertidos renovables y dañaría la rentabilidad de nuevos proyectos, lo que ralentizaría su despliegue. Un planteamiento que encaja con el discurso del Ejecutivo en un momento especialmente delicado.
Tanto la ministra Sara Aagesen como el presidente Pedro Sánchez han reiterado que cualquier ampliación de Almaraz no puede repercutir en la factura de los consumidores. En ese marco, los argumentos defendidos por Fabra refuerzan la posición del PSOE y Sumar de mantener el calendario de cierres, cuyo cambio chocaría con su propio acuerdo de Gobierno.
El debate sobre Almaraz añade presión a una batalla más amplia por el control del relato del apagón y por la gestión futura del sistema. Con la seguridad de suministro en cuestión y el calendario nuclear sobre la mesa, el sector advierte de que no es el momento de mezclar activismo, regulador y operador del sistema.
