Alba Rodríguez, una madre madrileña de 24 años, lleva más de dos años luchando por recuperar a su hija Khaley, de tan solo cuatro años, retenida ilegalmente en Egipto por su expareja. Desde el verano de 2022, la menor se encuentra en paradero conocido pero inaccesible, tras ser sacada de España por el progenitor bajo la promesa de un viaje temporal para conocer a su familia paterna.
Lo que comenzó como un acuerdo puntual, se transformó en un caso flagrante de secuestro internacional y desprotección total por parte del Estado español. Según denuncia Alba, su expareja —quien jamás reconoció legalmente a la menor como hija y fue condenado por violencia de género— se llevó a la niña con un permiso firmado bajo engaño y nunca la devolvió. Desde entonces, no ha vuelto a verla.
La situación ha escalado hasta el horror: Alba ha sido informada por un familiar disidente del entorno paterno de que su hija ha sido prometida en matrimonio a un niño egipcio de 10 años, y que la unión se formalizará cuando ella cumpla nueve años. La pequeña, por ahora, está a punto de cumplir cinco.
A pesar de haber denunciado ante todas las instancias posibles —Ministerio de Exteriores, Fiscalía de Menores, embajadas, consulados, ONG—, la madre no ha recibido ninguna ayuda efectiva. Egipto no forma parte del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, lo que complica la vía judicial. «Una jueza me dijo que lo mejor era que fuera yo misma a buscarla, por mi cuenta y riesgo», relata Alba con desesperación.
En diciembre de 2022, la joven llegó a viajar sola a Egipto para intentar rescatar a su hija. Fue recibida con una paliza por parte de su expareja, quien también la amenazó de muerte. Aun así, consiguió ver a la niña durante unos minutos y grabar un vídeo en el que la pequeña le pedía que se quedara con ella. Desde entonces, no ha vuelto a tener contacto, y denuncia estar completamente bloqueada por el entorno familiar del padre. Incluso ha recibido amenazas: «Me dijeron que podrían venderla o hacerla desaparecer».
El caso ha sido asumido por la Asociación SOS Desaparecidos, que lo trata como lo que realmente es: un secuestro internacional sin cobertura legal. Joaquín Amills, presidente de la asociación, ha sido tajante: «No es una sustracción. Es una retención ilegal. El padre no tiene derechos legales sobre la menor».
Amills también ha denunciado la pasividad y negligencia institucional: «¿Cómo es posible que un hombre condenado por malos tratos y con pulsera telemática saliera del país con una niña, y regresara solo sin que nadie lo detectase?».
La madre ha lanzado una campaña de recogida de firmas y recaudación de fondos para financiar el costoso proceso legal y lograr repatriar a su hija. En paralelo, se sigue exigiendo al Gobierno español una actuación inmediata y decidida ante un caso que vulnera todos los derechos fundamentales de una menor española, y que refleja una vez más la indefensión absoluta de quienes no se ajustan al relato ideológico oficial.
