Una treintena de alcaldes alzarán la voz el próximo lunes para manifestarse en contra del cierre de la central nuclear de Almaraz. La protesta, que se perfila como la primera de dos convocatorias previstas entre diciembre y enero, busca frenar lo que consideran una decisión perjudicial para Extremadura.
Los convocantes advierten de que esta podría ser la última oportunidad para evitar el desmantelamiento de la planta, una instalación clave para la economía regional. Subrayan que Almaraz representa más de 2.000 empleos, directos e indirectos, y que su impacto industrial y social trasciende cualquier división política. «Es la mayor fuente de trabajo e ingresos de la región, y no podemos permitir que desaparezca«, han señalado.
Desde su perspectiva, el cierre sería un golpe al desarrollo económico de Extremadura, una región que aporta una cantidad significativa de energía al conjunto del país. «Es hora de exigir justicia: no podemos seguir siendo solo proveedores de energía sin recibir un apoyo decidido para crear un tejido industrial sólido en nuestra tierra», han afirmado los portavoces de la iniciativa.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha sumado a las críticas y ha prometido luchar hasta el último momento para evitar lo que califica como «un error colosal«. Según Guardiola, la planta nuclear está funcionando a pleno rendimiento y debería seguir operativa. «Es incomprensible que Pedro Sánchez insista en su cierre, guiado más por prejuicios ideológicos que por el interés real de los extremeños», expresó.
Para Guardiola, la decisión refleja una desconexión con las necesidades de la región. «No podemos permitir que ideologías o clichés se antepongan al progreso y al futuro de una comunidad que necesita oportunidades, no restricciones», concluyó.
