Uno de los imputados en la causa por el presunto fraude electoral en el sistema de voto por correo durante los comicios municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe (Sevilla) ha solicitado a la jueza instructora el cierre del procedimiento y el archivo definitivo de la investigación. Según ha adelantado The Objective, su intención no sería evitar el juicio, sino impedir que la instrucción continúe ampliándose y alcance a cargos de mayor relevancia dentro del ámbito político local.
La acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, se ha opuesto con firmeza a esta petición al considerar que aún restan actuaciones clave por practicarse. En un escrito presentado el 30 de octubre de 2025, el grupo sostiene que la investigación no puede darse por concluida mientras no se realicen determinadas testificales pendientes y una pericial caligráfica sobre la documentación electoral. Según remarcan, estas diligencias resultan determinantes para aclarar si existió una manipulación organizada de las papeletas emitidas por correo.
El foco de la investigación judicial se mantiene en cómo fueron tramitadas las solicitudes de voto postal y si los procedimientos legales se respetaron. Los investigadores pretenden esclarecer quién cumplimentó realmente los formularios y si hubo suplantación de identidad, coacciones o alteraciones en el envío de sufragios. La pericia sobre las firmas busca establecer similitudes que permitan detectar un posible patrón irregular en la cumplimentación de los impresos.
Las pesquisas arrancaron tras la declaración de un testigo ante la Guardia Civil que señaló directamente a Benjamín Delgado, entonces encargado general del Ayuntamiento y esposo de la teniente de alcalde. Este hombre aseguró que el ahora investigado le propuso un contrato temporal a cambio de firmar el voto por correo a favor del PSOE en las elecciones del 26 de mayo de 2019. «Me ofreció un mes de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de firmar el impreso del voto postal», relató sin dudar ante los agentes.
El testigo afirmó, además, que nunca llegó a votar personalmente: entregó su DNI y firmó unos documentos que, según su testimonio, fueron gestionados por Delgado. «Toda la documentación se la di a él en mano. No fui a Correos ni emití el voto por mí mismo», declaró. La promesa laboral, añadió, nunca se cumplió. Le comunicaron que debía esperar a que quedara libre un puesto, pero acabó encontrando trabajo por su cuenta y jamás fue contratado por el consistorio.
Fuentes próximas a la causa señalan que este caso encajaría en un patrón más amplio detectado en distintos municipios andaluces, donde se habría empleado un sistema de captación de votos basado en la coacción, la compra de sufragios y la manipulación de trámites postales. Según estas mismas fuentes, el supuesto entramado habría recurrido a trabajadores públicos o simpatizantes del partido para atraer a votantes vulnerables mediante la promesa de empleos o favores a cambio del voto.
Para los investigadores, este modo de operar revela un intento coordinado de adulterar el voto por correo con fines partidistas. A pesar de los avances, tanto las testificales pendientes como los resultados de la pericial caligráfica serán determinantes para decidir si el caso se archiva o, por el contrario, se abre paso hacia el juicio oral.
