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EN UNA MISIVA EXPRESAN SU MÁS ENÉRGICO RECHAZO A LO QUE CONSIDERAN INSULTOS

Una veintena de fiscales del Tribunal Supremo piden a García Ortiz que actúe contra los «ataques» de Junts a los jueces

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Europa Press.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Europa Press.

Veintiún fiscales de Sala y de la Sección Penal del Tribunal Supremo han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte «sin más dilación» las «medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales» de los «ataques» a jueces propinados por Junts.

En una misiva los firmantes han expresado su «más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas» la semana pasada por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, contra varios magistrados del Supremo y del Tribunal Constitucional.

A su juicio, dichas acusaciones «no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados (miembros de otros poderes del Estado), sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática».

En este sentido, los fiscales han recordado que la propia Constitución establece expresamente que «el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

Así las cosas, han insistido en que dicho mandato constitucional y el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal les «obliga» a solicitar al fiscal general del Estado que actué «sin más dilación» en «cumplimiento de los deberes constitucionales».

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